DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CONCEPTO
65416 DE 2002
OCTUBRE 8
SEÑOR CAPITÁN DE
NAVÍO
HUGO DE JESÚS
GARCÍA RIVEROS
ADMINISTRADOR
ESPECIAL DE ADUANAS DE CARTAGENA
U.A.E. - DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MANGA 3ª AVENIDA,
Nº 25-76
CARTAGENA
REFERENCIA:
CONSULTA RADICADA CON EL Nº 31402 DE MAYO 17 DE 2001, Nº 203 DE MAYO 2 DE
2001, 65688 DE JULIO 18 DE 2001, 90919 DE DICIEMBRE 12 DE 2001, 3826 DE ENERO 21
DE 2002.
TEMA: ADUANERO.
DESCRIPTOR:
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.
FUENTES FORMALES:
ARTÍCULOS 504 A 521 DEL DECRETO 2685 DE 1999, MODIFICADO EN LO PERTINENTE POR
EL DECRETO 1198 DE 2000 Y 11232 DE 2001.
ARTÍCULO 24 DEL
DECRETO 1198 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 57 DEL DECRETO 1232 DE 2001.
ARTÍCULO 64 DEL
C.C.A.
SENTENCIAS
PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL C-957 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999; T-335
DE 1993 Y C-069 DEL 23 DE FEBRERO DE 1995; SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL
23 DE JUNIO DE 1994 Y 12024 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
DECRETO 1198 DE
2000, ARTÍCULO 23.
DECRETO 1232 DE
2001, ARTÍCULO 50.
De conformidad con
el numeral 7º del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, esta oficina es
competente para absolver en forma general las consultas que se formulen sobre
interpretación de las normas aduaneras y de control cambiario.
Problema jurídico
1
De conformidad con
el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 23 del
Decreto 1198 de 2000 ¿cuándo opera el silencio administrativo positivo?.
Tesis jurídica
De conformidad con
lo previsto en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo
23 del Decreto 1198 de 2000 el silencio administrativo positivo opera:
1. Cuando se
incumplan los términos para decidir de fondo, o
2. Cuando haya
transcurrido el plazo de tres meses contados a partir de su interposición, para
resolver el recurso de reconsideración sin que se haya notificado decisión
expresa o
3. Cuando desde la
iniciación del proceso respectivo hayan transcurrido más de 12 meses sin
haberse desarrollado el proceso y proferido la decisión de fondo.
Interpretación
jurídica
El primer supuesto
que se consagra en el artículo 519 antes citado para que proceda el silencio
positivo es que se incumplan los términos para decidir de fondo previstos en el
capítulo XIV del título XV del Decreto 2685 de 1999. Por tal razón es
necesario precisar cuáles son esos términos y qué decisiones se consideran de
fondo en cada proceso.
El capítulo XIV
del título XV del Decreto 2685 de 1999 trata del “Procedimiento
administrativo par ala imposición de sanciones por infracciones aduaneras, la
definición de la situación jurídica de la mercancía y la expedición de
liquidaciones oficiales y comprende los artículos 504 a 521 inclusive. Según
el artículo 507 ibídem se debe proferir un requerimiento especial aduanero
siempre que la autoridad aduanera vaya a adelantar un procedimiento para imponer
una sanción, formular una liquidación oficial o definir la situación jurídica
de la mercancía.
Al adelantar cada
uno de los respectivos procesos, la autoridad aduanera expide unos actos que lo
impulsan y otros que deciden sobre el fondo del asunto. Las etapas que se surten
durante el proceso administrativo están reguladas en la legislación aduanera
en el orden en que se desarrollan, iniciando con el acta de aprehensión,
reconocimiento y avalúo, requerimiento especial aduanero, período probatorio,
acto administrativo que decide de fondo y recurso de reconsideración.
El artículo 512
del Decreto 2685 de 1999 dispone que el acto administrativo que decide de fondo
sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial,
el archivo del expediente, el decomiso o la devolución de la mercancía
aprehendida debe expedirse dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha en que se recibió la respuesta al requerimiento y se practicaron las
pruebas o en que precluyeron los términos para responder o para practicarlas.
Sobre cuál es el momento a partir del cu al se empiezan a contar los términos,
hay doctrina expresa contenida en el concepto jurídico 208 de 2001.
A su vez, el artículo
515 ibídem señala que contra el acto administrativo que decide de fondo
procede el recurso de reconsideración.
Las disposiciones
citadas llevan a concluir necesariamente que las decisiones mediante las cuales
la autoridad aduanera resuelve el fondo de un asunto, se adoptan a continuación
del período probatorio y son susceptibles de ser impugnadas por el administrado
a través del recurso de reconsideración, y están referidas a las
liquidaciones oficiales, las resoluciones que imponen una sanción o a las que
ordenan el archivo del expediente, el decomiso o la devolución de la mercancía.
Así las cosas, el
primer evento de ocurrencia del silencio administrativo positivo que señala el
artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 23 del
Decreto 1198 de 2000 se da cuando la administración no expide tales actos
dentro del término de treinta (30) días a que alude el artículo 512 ibídem
esto es, que la respectiva providencia debe haberse emitido (con numeración y
fecha) dentro del término antes señalado para que no opere el silencio
administrativo positivo.
El segundo evento
lo contempla el cuarto inciso del artículo 519 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el artículo 23 del Decreto 1198 de 2000 y ocurre cuando la
autoridad aduanera no ha modificado el acto que resuelve el recurso de
reconsideración dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de la
fecha de su interposición, conforme con lo previsto en el artículo 515 ibídem,
norma que por ser clara, su aplicación directa no debe presentar dificultad que
amerite interpretación.
Finalmente el penúltimo
inciso del citado artículo 519 dispone:
“Habrá lugar a
la aplicación del silencio administrativo positivo cuando desde la iniciación
del respectivo proceso, hayan transcurrido más de doce (12) meses sin haber
desarrollado el proceso y proferido la decisión de fondo”.
En relación con
este inciso debe precisarse cuando se inicia el proceso.
Para la definición
de la situación jurídica de la mercancía, el inicio del proceso coincide con
la fecha del acta de aprehensión como se anotó en el aparte anterior no sólo
porque la legislación aduanera la incluye en el primer artículo del capítulo
XIV del título relativo a los procedimientos administrativos aduaneros, y la
define como un acto de trámite en el último inciso del artículo 504 del
Decreto 2685 de 1999, sino porque el artículo 506 ibídem, modificado por el
artículo 49 del Decreto 1232 de 2001 dispone que en cualquier estado del
proceso si el interesado demuestra la legal introducción y permanencia de la
mercancía en el territorio aduanero nacional, el funcionario competente ordenar
, la entrega de la mercancía y procederá su devolución sin que deban agotarse
las demás etapas del proceso, incluyendo éstas, la aprehensión de la mercancía.
Además el artículo
519 ibídem, al establecer las consecuencias del silencio positivo preceptuó:
“En los casos de
mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a
la entrega de la misma al interesado...”.
Por lo tanto, es
claro frente a las normas consideradas que el acta de aprehensión es el primer
trámite en el proceso de definición de la situación jurídica de las mercancías
y por ende, dicho proceso tiene inicio a partir de la notificación del acta de
aprehensión, conforme con lo previsto en el artículo 563 del Decreto 2685 de
1999, modificado por artículo 54 del Decreto 1232 de 2001.
Para la formulación
de liquidaciones oficiales o para la imposición de sanciones, el proceso se
inicia con la notificación del requerimiento especial aduanero para lo cual la
administración dispone de treinta (30) días contados a partir de la ocurrencia
de los supuestos que se consideran en el artículo 509 del Decreto 2685 de 1999.
Esto quiere decir
frente al inicio en comento, que desde la fecha de la notificación del acta de
aprehensión o de la notificación del requerimiento especial aduanero la
autoridad aduanera dispone de doce (12) meses para desarrollar el proceso y
proferir la decisión de fondo. Nótese, conforme con las expresiones
resaltadas, que en este caso, a diferencia del inciso anterior en el que se
refiere al plazo para resolver el recurso de reconsideración, no se indicó
notificar sino proferir, razón por la cual debe considerarse que es suficiente
con la expedición de la decisión en debida forma, es decir, como se anotó
antes, que la emisión, la numeración y fecha del acto que decida de fondo
proferido por la división de liquidación debe hacerse dentro de los doce meses
a que alude tal inciso, sin perjuicio igualmente, del término de treinta (300 días
que la misma división tiene para proferir el acto.
Se enfatiza también
en este punto que la decisión de fondo a la que se refiere la norma es la
proferida por la división de la liquidación por cuanto tal como se expone en
la interpretación al problema jurídico 2 del presente concepto, del análisis
sistemático de las normas citadas y de las sentencias que a continuación se
citan no puede desconocerse la existencia del acto proferido por dicha
dependencia aún cuando no sea oponible en ausencia de su ejecutoria, y también
porque por razones de orden práctico que hacen aplicable y lógica la norma,
debe entenderse que el término de doce (12) meses sólo abarca la expedición
de este acto.
En efecto, si se
contabilizan los días hábiles previstos par la actuación administrativa con
calendario en mano se puede constatar que está previsto el tiempo prudente para
que la división de liquidación profiera la decisión de fondo dentro de los
doce (12) meses de que trata el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999
involucrando las posibles eventualidades que puedan surgir, especialmente con
ocasión de la notificación de los actos de trámite. Pero éste término no
resulta suficiente cuando se trata de incluir el término de los tres (3) meses
otorgados a la división jurídica para resolver el recurso de reconsideración,
el cual podría quedar por fuera mermando en consecuencial el término
legalmente otorgado para resolver el recurso haciendo nugatoria la aplicación
del término concedido legalmente a dicha dependencia.
El tercer evento
se encuentra regulado en el inciso cuarto del artículo 519 del Decreto 2685 de
1999 que dispone que igualmente habrá lugar al silencio administrativo
positivo, cuando transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración,
sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del
recurrente, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de
parte así lo declarará. En concordancia con lo expuesto, es necesario precisar
que este término no se encuentra incluido dentro del término de los doce (12)
meses de que trata el inciso quinto del artículo 519 pues como se comentó, la
decisión de fondo a la que hace alusión tal disposición es la prevista en el
artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 proferida por la división de liquidación.
Como puede
apreciarse, la distinción que se hace en la norma y que se enfatiza en este
concepto sobre la expedición y la notificación de los actos que se profieren
durante el proceso administrativo es de suma importancia para efectos de la
determinación del silencio administrativo positivo y por tal razón debe
aplicarse en cada caso conforme con el texto, sin interpretaciones. A tal propósito
conviene citar algunas jurisprudencias sobre el particular de acuerdo con las
cuales debe entenderse que cuando en e l Decreto 2685 se utilizan las
expresiones proferir o expedir, se está refiriendo al acto perfecto, al
“cumplimiento de los trámites exigidos para la formación o la producción
del acto” y cuando utiliza la expresión notificar, se refiere a que el acto
debe ser eficaz para el momento que se toma en cada caso.
Al respecto,
precisan las sentencias:
“...Tampoco
producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las
publicaciones respectivas en el caso del artículo 46”.
De otra parte, en
relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado
considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter
general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha
sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin
embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación
o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un
requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una
condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de
obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la
norma, no d e validez: es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo
providencia del Consejo de Estado, calendada 23 de junio de 1994 M.P. Dra. Dolly
Pedraza de Arenas.
Dentro de una
misma línea jurisprudencial a la anteriormente reseñada, la misma corporación
manifestó en la Sentencia T-335 de 1993(13), que el acto administrativo se
entiende debidamente perfeccionado, y en consecuencia produce efectos jurídicos,
cuando ha cumplido con todos los requisitos procedimentales y formales que la
ley exige para su expedición. Sin embargo, según la doctrina “la ley suele
exigir la publicación o notificación del acto administrativo, para que este
adquiera eficacia, o sea, para que produzca efectos. Por eso la doctrina suele
distinguir el acto perfecto del acto eficaz, la perfección de la eficacia.
Aquella se refiere al cumplimiento de los trámites exigidos para la formación
o la producción del acto: ésta a sus efectos. En tales condiciones, el acto
puede ser perfecto, pero no eficaz; y, al contrario, para que el acto sea
eficaz, requiere ser perfecto” (“Derecho administrativo” del doctor
Gustavo Humberto Rodríguez. Ediciones Librería del Profesional, cita tomada de
la Sent. T-335 de 1993, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
Como conclusión
de la sentencia citada, estima la Corte que:
“De conformidad
con los criterios jurisprudenciales enunciados, es necesario distinguir dos
momentos diferentes en la formación del acto: el de la expedición, que se da
cuando el legislador o la administración dicta la ley o el acto administrativo,
respectivamente, y el de la promulgación, que ocurre cuando el texto ya
expedido se inserta en el Diario Oficial (o en tratándose de actos
administrativos de carácter particular, cuando se produce su notificación) con
el objeto de poner en conocimiento de los destinatarios de la misma los mandatos
que ella contiene. Este último requisito, como se anotó, no es constitutivo de
la existencia de la norma o el acto, ni tampoco afecta su validez, pero sí es
requisito o condición para su obligatoriedad y su oponibilidad.
El legislador está
habilitado constitucionalmente para decidir el momento a partir del cual la ley
ha de empezar a regir, lo cual se reitera, no afecta la existencia ni la validez
de la misma; tan sólo supedita su eficacia y obligatoriedad a que se cumpla el
requisito fijado en la ley. Por consiguiente, la eficacia frente a terceros se
encuentra condicionada a la publicación oficial en el caso de los actos
legislativos, de las leyes y de los actos administrativos de carácter general,
o a la notificación en el caso de los actos administrativos de carácter
particular. (negrilla fuera de texto)
En consecuencia,
para efectos del silencio administrativo positivo son perentorios.
1. El término de
treinta (30) días consagrados en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.
2. El término de
doce meses previsto en los incisos 4 y 5 del artículo 519 ibídem para
desarrollar todo el proceso y proferir el acto que decide de fondo y,
3. El término de
tres (3) meses previsto en el inciso 4 del artículo 519 y en el artículo 515
del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 50 del Decreto 1232 de
2001 para notificar el acto que resuelve el recurso de reconsideración.
Problema jurídico
2
¿Cuándo deben
quedar notificados los procesos y recursos interpuestos antes del 1º de julio
de 2000, para que no se opere el silencio administrativo positivo?
Tesis
Para que no opere
el silencio administrativo positivo respecto de los procesos y recursos
interpuestos antes del 1º de julio de 2000, éstos debieron quedar
ejecutoriados a más tardar el 31 de diciembre de 2001.
Interpretación
jurídica
El Decreto 1198 de
2000, en el artículo 24, modificado por el artículo 57 del Decreto 1232 de
2001, prescribe:
“ART. 24. —En
los procesos iniciados y los recursos interpuestos antes del 1º de julio de
2000, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubiesen comenzado a
correr y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes al momento de su iniciación.
En todo caso, la
substanciación, trámite y decisión de los procesos que se encuentren en curso
en el momento de entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, deberá
realizarse dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a dicha vigencia, so
pena de que se produzca el silencio administrativo positivo.
De conformidad con
la norma transcrita, los procesos iniciados y los recursos interpuestos antes
del 1º de julio de 2000, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999,
se rigen por las leyes vigentes al momento de su iniciación.
Sin embargo, la
sustanciación, trámite y decisión de los procesos que se encuentren en curso
a 1º de julio de 2000, deberá realizarse dentro de los dieciocho meses
siguientes a esta fecha, so pena de que se produzca el silencio administrativo
positivo.
Así las cosas, la
norma en comento se refiere a la sustanciación, trámite y decisión de los
procesos, dentro de los cuales se deben entender incorporados los recursos. Por
lo tanto, los recursos que se hayan interpuesto antes de la entrada en vigencia
del Decreto 2685 de 1999, aunque la sustanciación, trámite y decisión se debe
llevar a cabo de conformidad con las leyes vigentes al momento de su interposición,
deben resolverse y el acto quedar ejecutoriado dentro de los dieciocho meses
siguientes a la entra da en vigencia de dicho decreto, so pena de que se
produzca el silencio administrativo positivo, término que concluyó el 31 de
diciembre de 2001.
Respecto a los
procesos de revocatoria directa que estuviesen cursando en la fecha de entrada
en vigencia el Decreto 2685 de 1999, esto es, el 1º de julio de 2000, los
nuevos decretos no han prescrito nada, de tal manera que su trámite se rige por
el Código Contencioso Administrativo.
Problema jurídico
3
¿Es viable
invocar el principio de favorabilidad al interponer el recurso de reconsideración
contra una resolución de decomiso expedida en vigencia del Decreto 1909 de
1992?
Tesis jurídica
Si es viable
invocar el principio de favorabilidad al interponer el recurso de reconsideración
contra una resolución de decomiso expedida en vigencia del Decreto 1909 de
1992, pero siempre y cuando la norma que se invoca como más favorable se haya
expedido antes de que la división de liquidación haya emitido el acto
administrativo que decide de fondo.
Interpretación
jurídica
Este despacho, a
través del concepto 217 del 27 de octubre de 2000, precisó que de conformidad
con el artículo 520 del Decreto 2685 de 1999 la aplicación del principio de
favorabilidad, está condicionado a que la autoridad aduanera no haya decidido
de fondo el proceso administrativo.
Revisada la norma
citada, el concepto y los argumentos que se han planteado para solicitar su
revocación este despacho encuentra que la norma en comento prevé como condición
para que de aplicación al principio de favorabilidad, el que la norma que se va
a invocar como más favorable se haya proferido antes de que la autoridad
aduanera emita el acto administrativo que decide de fondo.
El concepto 217 de
2000 consideró oportuno establecer de manera clara que se entiende por decisión
de fondo precisando al respecto lo siguiente:
“...
Al respecto
encontramos que el Código Contencioso Administrativo en el título III al
referirse a la conclusión de los procedimientos administrativos en el artículo
62 de la firmeza de los actos administrativos, señala:
Los actos
administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra
ellos no proceda ningún recurso
2. Cuando los
recursos interpuestos se hayan decidido
3. Cuando no se
interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
4. Cuando haya
lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.
A la luz de la
disposición transcrita, para el caso en análisis resulta evidente que mientras
la autoridad aduanera no falle el recurso de reconsideración, mal puede
predicarse la existencia de una decisión de fondo del proceso administrativo,
pues dicho acto aún es objeto de controversia administrativa.
Así las cosas lo
que debe entenderse por decisión de fondo es la existencia de un acto
administrativo en firme, lo cual tiene ocurrencia en los eventos antes señalados”.
Aun cuando por una
parte el concepto acierta en precisar cuando un acto administrativo adquiere
firmeza, desacierta cuando predica que un acto administrativo es de fondo únicamente
cuando adquiere dicha connotación.
Lo anterior por
cuanto si se hace un análisis sistemático de las normas que regulan el
procedimiento administrativo que decide la sanción, la liquidación oficial o
la definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, el
silencio administrativo positivo, la norma que define los actos administrativos
que deciden de fondo y las sentencias citadas en el problema jurídico 1 que
diferencian la existencia del acto con la eficacia del mismo, este despacho
infiere que el legislador al referirse al acto administrativo que decide de
fondo quiso referirse exclusivamente al acto proferido por la división de
liquidación y no al proferido por la división jurídica, toda vez que si bien
los dos pueden contener decisiones de voluntad de la administración que crean,
modifican o extinguen una situación jurídica particular y concreta, lo que
interesa es que la actuación administrativa y por ende el acto que profiera la
división de liquidación se realice y expida dentro de los doce (12) meses
siguientes al inicio de la actuación, pero sin perjuicio del plazo de treinta
(30) días otorgado a dicha dependencia. De tal manera que la autoridad
encargada de definir el recurso en una actuación independiente dado que se pasa
de la vía administrativa a la vía gubernativa, se encarga de estudiar la
legalidad del acto administrativo de fondo proferido por la división de
liquidación que aún cuando no se encuentra en firme, existe y es totalmente válido,
al punto de que está prevista su revisión de legalidad por la división jurídica
de la administración competente que esté adelantando el caso.
Así las cosas y
dado que lo se busca con la favorabilidad es que se aplique en aquellos casos en
que la norma se haya proferido antes de que la división de liquidación
profiera la decisión de fondo, la división jurídica podrá declarar dicha
favorabilidad solo en el evento en que la división de liquidación no se haya
percatado de la expedición de la norma favorable, sin que sea procedente
decretarla cuando la norma que se considera favorable sea posterior a la fecha
de expedición del acto proferido por la di visión de liquidación.
En este sentido se
aclara el concepto 217 del 27 de octubre de 2000.
Problema jurídico
4
¿Es necesario
elevar a escritura pública el silencio administrativo positivo de actuaciones
aduaneras?
Tesis jurídica
El silencio
administrativo positivo se debe declarar de oficio por la autoridad aduanera o a
solicitud de parte sin que se requiera protocolizar dicha solicitud con
escritura pública.
Interpretación
jurídica
El artículo 23
del Decreto 1198 de 2000 que modificó el artículo 519 del Decreto 2685 de
1999, consagra el silencio administrativo en el evento en que los términos para
decidir de fondo previstos en el capítulo XIV del Decreto 2685 de 1999 no se
cumplan. El silencio positivo conlleva las siguientes consecuencias:
1. Se entiende
fallado a favor del administrado, el procedimiento que se haya adelantado para
imponer una sanción.
2. Da lugar a la
firmeza de la declaración el procedimiento que se haya adelantado para formular
una liquidación oficial.
3. Da lugar a la
entrega de la mercancía al interesado, en los casos en que ésta se haya
aprehendido para definirle su situación jurídica, previa presentación y
aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos
aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de rescate.
4. Se entiende
fallado a favor del recurrente el recurso de reconsideración, transcurrido el
plazo para resolver, sin que se haya notificado decisión expresa.
El inciso 4º de
la norma en comento, recogiendo los eventos anteriormente citados precisa que
corresponde a la autoridad competente “de oficio o a petición de parte”
declarar el silencio administrativo positivo.
Como se observa,
la norma radica en cabeza de la administración que esté decidiendo el asunto,
la obligación de declarar de oficio de oficio el silencio administrativo
positivo, sin perjuicio de que el particular solicite su configuración por vía
del derecho de petición, caso en el cual, la norma aduanera no exige ni
protocolizar la constancia o copia de la petición, ni la declaración jurada de
no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto, conforme
lo exige el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo.
Lo anterior por
cuanto, si bien el Código Contencioso Administrativo señala un procedimiento
general para la declaración del silencio administrativo positivo, éste no
aplica en materia aduanera en la medida en que el artículo 519 del Decreto 2685
de 1999 por ser norma especial prevalece sobre el código en atención a lo
dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º que prescribe que “los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas”.
Por lo expuesto se
concluye que el silencio administrativo positivo se debe declarar de oficio por
la autoridad aduanera o a solicitud de parte sin que se requiera protocolizar
dicha solicitud con escritura pública.
Por último se
precisa que la no presentación de una solicitud para que se declare el silencio
administrativo positivo por parte del interesado no exime a la administración
para declararlo de oficio.
En los anteriores
términos se absuelve la consulta, y se aclara el concepto jurídico 217 de
octubre de 2000.
La jefe Oficina
Jurídica,
Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.