DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES
Concepto 056305
Bogota D.C. septiembre 3 del
2002
Señor
OMAR DELGADO D
Carrera 1 C No 58-60 Apto 5 -103
Torres de Comfandi, Conjunto D
Cali
Ref: Consulta radicada bajo el
No 35536 de mayo 31 de 2002
TEMA:
Retención en la fuente
DESCRIPTORES:
Retención en la fuente por gastos de representación
FUENTES FORMALES: Estatuto
Tributario artículo 206 numeral 7
Por disposición del artículo 11
del Decreto 1265 de 1999, este Despacho es competente para absolver las
consultas que se formulen sobre la interpretación de las normas tributarias de
carácter nacional. En este sentido se emite el presente concepto.
PROBLEMA JURIDICO:
¿Se encuentran exentos del
impuesto sobre la renta y complementarios los gastos de representación que
reciben los magistrados de los tribunales?
TESIS JURIDICA:
No se encuentran exentos del impuesto sobre la
renta y complementarios los gastos de representación que reciben los
magistrados de los tribunales, razón por la cual están están sometidos a
retención en la fuente a título de ese impuesto.
INTERPRETACION JURIDICA:
En el escrito de la referencia
solicita usted se aclare el Concepto 27619 de mayo 9 de 2002, en el sentido de
indicar que continúan gozando de la exención del impuesto sobre la renta y
complementarios los gastos de representación que reciben los magistrados de
los tribunales, ya que éstos hacen parte del conglomerado social encargado de
la administración de justicia.
Expresa usted que la sentencia
C- 1060N2001, proferida por la Corte Constitucional declaró inexequibles los
dos primeros incisos del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario,
sin referirse a los incisos siguientes, razón por la cual los mismos se
encuentran vigentes.
Respecto a sus planteamientos
precisa manifestar que en la sentencia citada al establecer cuales fueron las
normas acusadas se expresó (página 2) claramente que los incisos siguientes
del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario que se refieren a los
jueces y profesores no serían "objeto de pronunciamiento por dos razones: La
primera porque la acusación de dirige expresamente contra el inciso transcrito,
en cuanto se refiere a los altos dignatarios de la Administración Pública y
cabezas de las ramas legislativa y jurisdiccional, y la segunda porque tales
reglas mantienen autonomía normativa, por no referirse a los altos
dignatarios, sino a todo el conglomerado social encargado de la administración
de justicia y de la docencia oficial, que por ello, podrían tener un telos
diferente y merecerían un análisis de constitucionalidad específico, que no es
del caso abordar aquí, ya que esas normas no fueron objeto de la demanda
parcial del numeral 7 del artículo 206. ni integran un unidad lógica con la
que aquí se examina".
Nótese como la sentencia se
refirió al "conglomerado social encargado de la administración de justicia",
para indicar que la providencia no abarcaría a los jueces, mientras que a los
magistrados los calificó como cabezas de la rama jurisdiccional.
En lo que respecta a su
afirmación en el sentido que la sentencia no se pronunció sobre los incisos
del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, en los que se
estableció que se considera como gastos de representación exentos un
porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario, en la
sentencia mencionada en el punto relativo a la determinación de la materia
objeto de análisis (página 8), se indicó que "se trata de establecer si la
disposición que otorga la calidad de rentas de trabajo exentas a los gastos de
representación de ciertos funcionarios públicos y que a la vez presume que
este tipo de gastos, a efectos tributarios equivalen a un porcentaje fijo de
sus salarios, viola los conceptos constitucionales de igualdad, equidad y
progresividad reconocidos expresamente en nuestra Constitución La sentencia al
analizar el régimen tributario de los gastos de representación de los altos
funcionarios señaló: "Determinado porcentaje de la asignación mensual de los
altos funcionarios se considera por la norma acusada gastos de representación
y por esta circunstancia renta exenta de origen laboral, siguiendo de cerca
los regímenes especiales en materia de salarios y
prestaciones”..........................
"La concesión de esta exención
constituye la liberación parcial del deber solidario de contribuir al
financiamiento de los gastos públicos para los altos funcionarios que perciben
mayores ingresos, en una porción adicional equivalente al 50% del total de los
salarios" En el punto 7 de la sentencia se expresó "que en relación con la
tasación de la exención o presunción que "considera" gastos de representación
el 50% de los salarios se observa una absoluta falta de razonabilidad y
proporcionalidad, es decir que conceptos ajenos a la representación política,
o a las labores de representación de la rama judicial, se ven injustamente
involucrados en el hecho legitimador de la exención, que de esa manera pierde
validez como distinción, ya que no se exige que los gastos de representación
pagados bajo ese concepto sean exactamente el objeto de exención, ni que
aparezcan justificados para tener derecho a la exención. Simplemente se
establece una ficción jurídica que ordena tener como tales, para efectos
tributarios, un alto porcentaje de los salarios lo cual es inadmisible".
De acuerdo con los apartes
transcritos, es indudable que la sentencia no solamente analizó la
constitucionalidad de la exención prevista en el numeral 7 del artículo 206
del Estatuto Tributario, sino la delimitación de la misma.
Por lo tanto al desaparecer del
ordenamiento jurídico la exención prevista en el numeral 7 del artículo 206
del Estatuto Tributario, por haberse declarado inexequible dicha norma, como
consecuencia lógica queda también sin ningún efecto su tasación, y en tal
virtud únicamente se encuentran exentos del impuesto sobre la renta los gastos
de representación que perciban los jueces de la República y los profesores de
la universidades oficiales.
En los términos anteriores se
ratifica el Concepto 27619 de 2002.
Atentamente
CARMEN TERESA ORTIZ DE
RODRIGUEZ
Jefe Oficina Jurídica