DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CONCEPTO
62874 DE 2002
SEPTIEMBRE 27
DOCTOR
JAIME ARMANDO GIL
TOV AR
VICEPRESIDENTE DE
CRÉDITO (E)
FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S.A., FINDETER
CALLE 103 Nº 21 -
20
CIUDAD
REFERENCIA:
CONSULTA 74500 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2001.
De conformidad con
el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, este despacho es competente para
absolver de manera general las consultas que se formulen sobre interpretación y
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional. En este sentido se
emite el presente concepto.
TEMA: IMPUESTO
DE TIMBRE.
DESCRIPTORES:
EXENCIÓN - CONTRATOS DE EMPRÉSTITO.
FUENTES
FORMALES: ARTÍCULO 530, NUMERAL 14
DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTÍCULOS 3º Y 6º DEL DECRETO 2681 DE 1993, ARTÍCULO
1º DEL DECRETO 696 DE 1998 Y ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 433 DE 1999.
Problema jurídico
¿Se encuentran
exonerados del impuesto de timbre nacional el contrato de empréstito celebrado
con un intermediario financiero y los pagarés correspondientes a la misma
operación de crédito?
Tesis jurídica
Se encuentran
exentos del impuesto de timbre las operaciones de crédito público, las
operaciones asimiladas a operaciones de crédito público, las operaciones de
manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores que realicen las
entidades estatales.
Interpretación
jurídica
Mediante el
concepto 075984 del 22 de agosto de 2001, este despacho dio respuesta al
problema jurídico antes transcrito, sosteniendo en algunos de sus apartes, lo
siguiente:
“En aplicación
del principio de legalidad de los impuestos, las normas referentes a la materia
señalan de manera taxativa los actos y documentos exentos del impuesto de
timbre, principalmente en los artículos 529 y 530 del estatuto tributario. Además
de documentos calificados exentos, la ley consagra exención, por razón del
sujeto, para las que denomina entidades de derecho público para este efecto,
que son únicamente la Nación, los departamentos, los distritos municipales,
los municipios y los organismos o dependencias de las ramas del poder público
central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales
del Estado y de las sociedades de economía mixta”.
Además, continúa
señalando el referido pronunciamiento, lo siguiente:
“Debe hacerse
hincapié en que el impuesto de timbre nacional es eminentemente documental,
como se sigue especialmente del artículo 519 del estatuto tributario. Lo cual
implica que es suficiente que se configure un documento con las calidades
previstas en la ley, para que respecto de él se genere el impuesto; más aun,
en relación con un mismo negocio resulta claramente posible que se genere el
impuesto respecto de más de un documento, si concurren las circunstancias señaladas
en la ley para que tales documentos sean gravados a no ser que se trate
precisamente de los que la misma ley quiso calificar como exentos”.
Por último hizo
la siguiente advertencia:
“En el interés
de la consulta, advertimos que el numeral 14 del artículo 530 del estatuto
tributario señala como exentas del impuesto a “las operaciones de crédito público,
las operaciones asimiladas a operaciones de crédito público, las operaciones
de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores que realicen las
entidades estatales”.
Con el oficio
radicado conforme la referencia solicita el consultante la reconsideración del
anterior pronunciamiento, en razón a que encuentra que en el caso de sujetos no
exentos del pago de dicho impuesto, si se aplicara a ambos documentos (contrato
de empréstito y pagarés suscritos en desarrollo del mismo) se estaría
generando una doble tributación sobre una misma obligación.
Igualmente
solicita a este despacho en el evento de sostener la anterior tesis le brinde
una solución para eliminar el doble pago.
Antes de proceder
a revisar el concepto en cuestión, es necesario aclarar que en virtud de la
competencia asignada a este despacho, no se encuentra facultada para
pronunciarse sobre casos particulares y concretos, ni para examinar documentos
modelos de contrato de empréstito y pagaré que utiliza el consultante, ni
menos aún para brindar soluciones como las que el peticionario inquiere.
Los
pronunciamientos de esta división se emiten en sentido general y en ellos se
pretende de manera clara y sencilla exponer el criterio para la aplicación de
las normas tributarias nacionales por parte de la administración, dando certeza
y seguridad jurídica respecto del alcance de las mismas.
Efectuadas las
anteriores precisiones, este despacho entra a analizar los siguientes aspectos:
En primer lugar
respecto a la actividad exonerada en el numeral 14 del artículo 530 del
estatuto tributario, e invocada en el referido concepto, relativa a las
operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a operaciones de crédito
público, las operaciones de manejo de deuda pública y las conexas con las
anteriores que realicen las entidades estatales, es necesario además agregar qué
debe entenderse por operaciones de crédito público.
Al respecto en el
concepto 069017 de julio 29 de 1999, este mismo despacho señaló:
“Debe entenderse
como operaciones de crédito público de conformidad con lo previsto en el
numeral 3º del Decreto 2681/93, aquellos actos o contratos que tienen por
objeto dotar ala entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para
su pago...”. Así mismo, esta norma considera que están comprendidos dentro
de las operaciones de crédito los contratos de empréstito y el otorgamiento de
garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.
Ahora bien, frente
al contrato mismo que se beneficia del tratamiento exceptivo, el parágrafo 2º
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, establece que:
“Sin perjuicio
de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley se
consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la
entidad de recursos con plazo para su pago, en “las que se encuentran la
contratación de empréstitos/.../ los créditos de proveedores y el
otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades
estatales”.
Posteriormente el
Decreto 696 de 1998, en su artículo 1º, define nuevamente lo que debe
entenderse por operaciones de crédito público, en los siguientes términos:
“ART. 1º—Operaciones
de crédito público. Para efectos de lo previsto en la Ley 358 de 1997, se
encuentran comprendidos dentro de las operaciones de crédito público los actos
o contratos que tengan por objeto dotar a las entidades territoriales de
recursos con plazo para su pago, de bienes o servicios con plazo para su pago
superior a un año, así como los actos o contratos análogos a los anteriores.
También se encuentran comprendidos aquellos actos o contratos mediante los
cuales las entidades territoriales actúen como deudoras solidarias o garantes
de obligaciones de pago y aquellos relacionados con operaciones de manejo de la
deuda pública”.
Ahora bien, frente
a la naturaleza de los pagarés, el inciso 2º del artículo 6º del citado
Decreto 2681 de 1993, señala que son conexos a las operaciones de crédito público,
los contratos necesarios para el otorgamiento de garantías o contragarantías a
operaciones de crédito público.
A su vez, el artículo
3º del Decreto 433 de 1999, definió las operaciones de crédito público
conexas de la siguiente manera:
“ART. 3º—Operaciones
de crédito público conexas exentas del impuesto de timbre. Para efectos de lo
previsto en el numeral 14 del artículo 530 del estatuto tributario se entiende
por operaciones asimiladas a operaciones de crédito público, de manejo de
deuda pública, así como las conexas con las anteriores, que realicen entidades
estatales, las previstas en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto 2681 de
1993 y 1° del Decreto 696 de 1998”.
De tal manera que
si conforme con las normas transcritas se establece que los pagarés otorgados
como garantía de un empréstito son operaciones conexas de operaciones de crédito
público, gozarán del mismo tratamiento exceptivo de las operaciones de crédito
público, dentro de los cuales como ya se observó, están los empréstitos
(concepto 069017 de 1999).
En los anteriores
términos se ratifica y complementa el concepto 075984 del 22 de agosto de 2001.
La jefe Oficina
Jurídica,
Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.