Concepto 58972
2010-03-01

Señor:
JULIO CESAR OVIEDO P
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Cordial saludo señor Oviedo:

Damos respuesta a su petición, radicada con el número de la referencia, en la cual consulta cual es la reglamentación, procedimiento y beneficios de la contratación de una persona con discapacidad física o intelectual,

En relación con beneficios para empleadores que contraten personas con alguna limitación, la ley 361 de 997, por medio de la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, señaló lo siguiente:

“Articulo 31. Los empleadores que contraten personas con alguna limitación, no inferior al   25% comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor  de sus salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsistía.

PARÁGRAFO. La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador de disminuirá en un 50% si los contratados por el son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%”.

“Articulo 34. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo ( Instituto de Fomento Industrial- IFI), establecerá líneas de créditos blandos para el funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas cualquiera que sea su forma jurídica dedicadas a la producción de materiales, equipos, accesorios, partes  o ayudas que permitan a las personas con limitación desarrollar actividades cotidianas, o que les sirva para la prevención, restauración o corrección de la  correspondencia limitación o que sean utilizadas para la práctica deportiva o recreativa de estas personas. Para tener acceso a estas líneas de crédito dichas empresas deberán ser propiedad de una o más personas limitadas y su planta de personal estará integrada en no menos del 80% por personas con limitación.”

Bajo las anteriores normas existen beneficios para deducir un porcentaje en la declaración de renta, en relación con cuota de aprendices y para empresa con la dedicación establecida allí para la prelación en créditos blandos, según lo indicados.

Igualmente, el artículo 24 de la misma ley, indica que los empleados particulares que vinculen laboralmente a personas discapacitadas, tendrá derecho a ciertas garantías:     

a. A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y  celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tiene en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad de un año,- igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación;

b. Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación;

c. El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario.

Adicionalmente, la Ley 789 de 2002 por medio de la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo, establece:

'Articulo 13. Régimen especial de aportes al instituto colombiano de bienestar familiar, al servicio nacional de aprendizaje y a las cajas de compensación familiar. Estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al Régimen del Subsidio Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, con las siguientes características o condiciones, siempre que estos no devenguen más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1. Personas que hayan sido vinculadas para prestar un servicio a las empresas desde los lugares donde se encontraren privadas de la libertad o fueren vinculadas, mediante contrato de trabajo sin solución de continuidad, después de haber recobrado su libertad.

2. Personas con disminución de su capacidad laboral superior al veinticinco por ciento (25%) debidamente calificada por la entidad competente (...).

Parágrafo 11. Las empresas que pretendan contratar conforme a la presente disposición deberán acreditar las siguientes condiciones.-

a) El valor de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación al momento y durante toda la ejecución el período inmediatamente contrato debe ser igual o superior a la suma aportada durante el periodo inmediatamente anterior a la contratación, ajustada por el ÍPC certificado por el DANE.

Se entiende como periodo de contratación 'el promedio de los últimos doce (12) meses causados anteriores a la contratación;

b) Que no tengan deudas pendientes frente a períodos anteriores por concepto de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos- profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar,

Parágrafo 2°. El valor de los aportes exentos no podrá representar más del diez por ciento (10%) de los aportes que la empresa deba realizar en forma ordinaria con relación a cada uno de los aportes parafiscales objeto de exención temporal. Empresas entre cinco y diez trabajadores tendrán derecho a la exención de aportes por un trabajador adicional.

Parágrafo 3o, El Gobierno podrá definir períodos de permanencia adicional de los trabajadores beneficiarios de la exención, conforme la duración del beneficio a favor del empleador. En los períodos adicionales, conforme las reglas que el Gobierno defina para su aplicación, habrá lugar al pago pleno de aportes.

Parágrafo 4°. La exención prevista en este artículo se aplicará siempre que la tasa de desempleo certificada por el DAME sea superior al doce (12%) mientras persista la situación en la respectiva región en la que opere el sistema de Cajas y máximo tendrá una vigencia de 4 años contados a partir de la fecha en que entre a regir la presente ley".

De conformidad con esta norma habría beneficios en cuanto al pago de aporte al SENA, ICBF y Cajas de Compensación.

Respecto al tipo de contrato que debe realizarse con personas que presenten alguna discapacidad, es preciso señalar que la legislación laboral colombiana establece en el capítulo IV del CST las modalidades que puede revestir el contrato de trabajo, bajo el entendido que reunidos los elementos esenciales del mismo (Art. 23 CST) éste existe y quedan las partes sometidas a las normas que regulan la materia.

Finalmente, vale la pena señalar que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dispone:”... ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina del trabajo".

Bajo tal premisa, se establece de manera clara una estabilidad legal reforzada para quienes padecen una disminución física, sensorial o química que difiere de la incapacidad generada por enfermedad o accidente, común, que cuando es superior a 180 días constituye una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo en el sector privado.

La presente consulta, se absuelve en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual las respuestas dadas no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.

Cordialmente,

NELLY PATRICIA RAMOS HERNÁNDEZ

Jefe Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo