Oficio N° 107039 del 21 de diciembre
de 2006
SEÑOR
HUGO ARMANDO RUEDA ROMERO
SECRETARIO
JUZGADO 32 CIVIL DEL CIRCUITO
CARRERA 10 N° 14-33, PISO 3°
BOGOTÁ, D.C.
REFERENCIA:
CONSULTA RADICADA BAJO EL N° 114719 EL 04/12/2006.
TEMA: IMPUESTO DE TIMBRE
DESCRIPTORES: PRUEBA
DOCUMENTAL
FUENTES FORMALES: ESTATUTO TRIBUTARIO, ARTÍCULOS 518, 540, 543
Y 544 LEY 6ª DE 1992, ARTÍCULO 43
LEY 633 DE 2000, ARTÍCULO 109
CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-1714 DE 2000
CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-543 DE 2005
Cordial saludo señor Rueda:
Damos respuesta a la solicitud referida al
Proceso ejecutivo singular 05-00688 en el que mediante auto de fecha 29 de
septiembre de 2006 el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá ordenó
a la DIAN emitir
concepto sobre si es procedente que la autoridad judicial requiera la
constancia del pago del impuesto de timbre sobre un documento para efectos de
ser valorado como prueba conforme al contenido del artículo 540 del Estatuto
Tributario.
El artículo 540 del Estatuto Tributario,
modificado por el artículo 43 de la
Ley 6ª de 1992, ordenaba que ningún documento o actuación
sujeto al impuesto de timbre podía ser admitido por funcionarios oficiales ni
tenido en cuenta como prueba mientras no se efectuara su pago, al igual que las
sanciones y los intereses cuando a ello hubiere lugar, pero esta norma fue
declarada inexequible por la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-1714
de 2000.
En igual sentido, la misma Corte en
Sentencia C-543 de 2005 declaró la inexequibilidad
del artículo 109 de la Ley
633 de 2000, que había adicionado el numeral 5° al artículo 518 del Estatuto
Tributario.
Esta norma establecía como agentes de
retención del impuesto de timbre a los jueces, conciliadores, tribunales de
arbitramento por los documentos sujetos a este tributo, cuando obraran sin pago
del gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y
extrajudiciales.
Por lo anteriormente expuesto, es de
concluir que no es procedente requerir el pago del impuesto de timbre para
efectos de valorar documentos en los respectivos procesos judiciales, teniendo
en cuenta que en virtud del control de constitucionalidad la norma que lo
establecía fue retirada del ordenamiento jurídico, al igual que la obligación
de retener a título de este impuesto por parte de los jueces, conciliadores y
los tribunales de arbitramento.
Lo anterior sin perjuicio de la obligación
de informar a las divisiones de fiscalización de la Administración de
Impuestos del lugar cuando se presenten documentos gravados con el impuesto
timbre, sin que el pago del impuesto se hubiere verificado o se haya hecho en
forma irregular o deficiente, junto con un informe pormenorizado para que se
haga la liquidación de los impuestos y se impongan las sanciones, según lo
ordena el artículo 543 del Estatuto Tributario.
Ahora, de conformidad con lo previsto en
el artículo 544 de la misma obra, los funcionarios oficiales que admitan
documentos o instrumentos gravados con el impuesto de timbre sin que este
impuesto se hubiere sido pagado en la forma y por el valor previsto en la ley
incurrirán en la multa prevista en la misma norma.
La jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria,
Isabel Cristina Garcés Sánchez