LA JUSTICIA QUE NOS ABRIGA
Amable lector: Estos días me distraje leyendo algunas páginas de la Gaceta de Colombia, publicación que se inició en la Villa del Rosario de Cúcuta. Me llamó la atención un escrito del año 1.821 que dice así: “Nada hubiese hecho el Congreso Nacional, dando una Constitución y leyes a la República, si no hubiese puesto al frente de los negocios, Magistrados sabios, prudentes y virtuosos que consagrados al bien público ejecutasen esta Constitución y estas leyes”.
Unas líneas más adelante se expresa que este Código sagrado, es la expresión de la voluntad general por la cual debe ser gobernada Colombia, sin permitir que ninguno la infrinja impunemente.
El común de las gentes, en su gran mayoría, consideran que instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, están representadas por hombres probos, ecuánimes y justos, y que sus sentencias tienen el sello propio de magistrados, que más que sabios, son ecuánimes en sus juicios.
Mirando actuaciones como la que conoció el país, con motivo de la elección de fiscal, de la terna enviada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quién postuló personas como Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio, Marco Antonio Velilla, Leonor Cabello Blanco y Jorge Aníbal Gómez, la Honorable Corte de Justicia, si mal no recuerdo, se reunió algo así como dieciséis veces, sin que ninguna de las sesiones. se alcanzará el número de votos para elegir el fiscal.
De este bochornoso y premeditado espectáculo, que tuvo en vilo a todo el país, se puede mencionar, entre otros interrogantes: ¿Obraron los magistrados como hombres sabios, prudentes y virtuosos, o por el contrario lo hicieron más con pasión que con la razón?. ¿Cuál fue el costo que representó para las finanzas publicas las reuniones de la Corte Suprema, pues de antemano se sabía que al final no habría ningún acuerdo sobre la persona que ocuparía tan alto cargo?
Igual a como ocurre con muchos funcionarios, que han sido sancionado por causar detrimento patrimonial en el desempeño de sus cargos, en el caso que nos ocupa, si 23 magistrados que recibe cada uno un ingreso laboral más prestaciones del orden de 37 millones mensuales, y entre todos $851 millones, sin incluir otros gastos, es evidente que ocasionaron un detrimento patrimonial. Por lo tanto, igual que los demás, y con mayor razón por la jerarquía que ocupan, deberían ser penalizados o en caso contrario, eliminar esta figura.
Hay un dicho que dice: “Dios no castiga ni con palo ni con rejo”. Si alguien tiene dudas sobre esta sentencia, basta mirar lo que ocurrió con el nombramiento del fiscal y las ambiguas explicaciones que han dado algunos magistrados. Por último, se pueden cambiar los códigos, reformar la justicia y que el fiscal lo nombre alguien diferente a la honorable Corte Suprema, pero mientras no se tengan jueces, como se dijo antes, sabios, prudentes y virtuosos, nuestra justicia seguirá de mal en peor. A pesar de todo, las pensiones de jubilación de los magistrados seguirán creciendo más y más.
Medellín, 6 de marzo de 2.012