Por: Gustavo H. Cote Peña
Noviembre 4 de 2014 - 10:01 pm
La guerra implica sangre, dolor, tristeza y llanto, profundos odios heredados, despojo de tierras, desplazamientos forzados, violación de derechos humanos, negocios ilícitos, freno al desarrollo económico y pobreza, infraestructura destruida, daños ecológicos irreversibles, destinación de ingresos con sacrificio de la atención de necesidades de sectores vulnerables de la población.
El fin de la guerra requiere la negociación entre las partes en conflicto, máxime si la confrontación armada entre Estado y grupos insurgentes fracasa y se convierte en algo eterno, sin vencedores ni vencidos. Para Colombia, cuyos enfrentamientos internos no han cesado desde su independencia, las acciones en la búsqueda de la paz y su materialización, constituyen un requerimiento histórico que no permite más aplazamientos. Los niños de hoy y del futuro, no perdonarán a los protagonistas y líderes de la actualidad, el que sean inferiores a este reclamo.
La trascendencia de la negociación es innegable. La paz es un bien esencial, que permite un ambiente propicio para asumir los diferentes retos sociales y económicos, en beneficio de todos. Por ello, no se puede desconocer que la culminación satisfactoria del proceso que adelanta el Gobierno Nacional con las Farc y el Eln, constituye un paso necesario e indispensable de interés general que desborda las rivalidades personales.
La opinión pública no puede aceptar que el esfuerzo por sentar las bases para cambiar la cara violenta del país por un rostro pacífico, sea objetivo del constante saboteo por quienes sacrifican el interés de la patria, en razón a odios e intereses políticos individuales.
Nadie puede negar que, en ejercicio de la ‘libertad de expresión’, es perfectamente válido que puedan manifestarse las discrepancias frente al enfoque y contenido de los acuerdos logrados. En el debate sobre la diferencia, se construyen mejores resultados. Lo que no es admisible, es que de forma irresponsable se desacredite el proceso y se pretenda manipular a los colombianos con hechos que no corresponden a la realidad de lo que acontece en La Habana.
Tampoco es correcto, como volvió a ocurrir en los últimos días, que se divulgue información de inteligencia sobre hechos sensibles que inciden en las negociaciones. Al respecto, algunos comentaristas radiales afirmaron que no existe ninguna limitación para que una persona proceda de esta manera. Otros que, por haber ocurrido a través de un medio de comunicación masivo, como es el Twiter, se estaba actuando como un periodista que informa.
Estos argumentos desconocen que quien así ha venido procediendo, antes que ser cualquier persona o periodista, es Senador de la República y, como tal, es un ‘servidor público’, porque la Constitución otorga dicha calidad a los miembros de las corporaciones de elección popular. Este carácter impone deberes a los que no puede sustraerse quien lo ostenta, so pena de incurrir en consecuencias que pueden llegar a comprometer su investidura e incluso su libertad.
Existe reserva legal para la ‘información de inteligencia’ hasta por 30 años. Por su régimen disciplinario, los ‘servidores públicos’ deben cumplir los deberes contenidos en la Constitución, los tratados y las leyes. El Código Penal, bajo el delito denominado ‘Revelación de secreto’, sanciona al ‘servidor público’ que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, con penas de prisión, multa, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Usted señor lector, así como el señor Procurador General de la Nación y la Fiscalía, pueden sacar sus propias conclusiones. El país queda a la expectativa.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector de la Dian
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