El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) evidenció, dentro de los planes del Gobierno Nacional, el trámite ante el Congreso de una nueva reforma tributaria, para solucionar la grave crisis fiscal de las finanzas públicas producto de la drástica reducción de los ingresos impositivos y el mayor endeudamiento asumido por la emergencia nacional padecida por el país.
Según sus datos, el recaudo esperado en el 2020 era del orden de 158,8 billones de pesos y se reducirá en 24 billones y el déficit fiscal en este mismo año se ubicará en un -8,2% del PIB.
Desde el momento del trámite de las dos últimas reformas, sus medidas vislumbraban un claro deterioro de la recaudación impositiva a partir del año en curso. Los beneficios e incentivos aprobados en algunos sectores económicos (megainvesiones, economía naranja, hoteles, etc), sumados a los nuevos descuentos en el impuesto de renta, referidos al ICA y al IVA generado en la adquisición o importación de activos fijos productivos por los responsables de este tributo, implican un gran sacrificio fiscal.
Estas decisiones fueron justificadas por los altos funcionarios de la hacienda pública, con la tesis de la generación con ellas de una mayor actividad empresarial, que compensaría parte importante de la pérdida recaudatoria. El saldo restante de la merma, se cubriría con los resultados de una mejor y eficiente gestión de la DIAN. Con la anormalidad iniciada en marzo pasado, estas contrapartidas volaron con todo y mesa por los aires.
Si bien el MFMP estima un crecimiento económico del 6,6% del PIB en el 2021, surge un serio interrogante sobre la posibilidad real de lograr esta meta, la cual suena bastante optimista por la recesión actual y todas las dificultades presentes, las cuales seguirán golpeando al aparato productivo en los siguientes meses, hasta dejarlo muy maltrecho. Los efectos de la tormenta se extenderán hasta finales del 2020 y más allá, e impone aceptar la existencia de un camino muy tortuoso en la recuperación económica en el próximo año.
Con este panorama, la reforma tributaria anunciada para asumir las cifras requeridas en los objetivos señalados, sin lugar a dudas será recaudatoria y sus mandatos buscarán inexorablemente el pago de mayores impuestos.
Para su logro ya se han anunciado diferentes propuestas desde algunos centros de análisis, incluyendo la de la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar.
Esta vieja aspiración de los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, conlleva un impacto negativo en los bolsillos de colombianos de los sectores con menos capacidad adquisitiva.
Al Gobierno le corresponde la prudencia de valorar hasta dónde se justifica privilegiar esta clase de soluciones, versus el injusto castigo derivado del tributo sobre bienes de consumo básico (Ej: carne, huevos, pescado, frutas, verduras, arroz).
Optar por el primero, en un ambiente con desempleo del orden del 21,5%, anticipa la provocación de una gran protesta social conllevando “sacar lo roto por lo descosido” al agregar un ambiente de inestabilidad que puede llegar a comprometer de manera grave el orden público y empeorar la economía nacional.
Gustavo Humberto Cote
Exdirector General de la DIAN
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