La estructura de los tributos aplicables, la regulación de las obligaciones formales establecidas para su pago oportuno y correcto, y de los parámetros aplicables en su debido recaudo y control, en conjunto con el ente encargado de su administración, son elementos esenciales que integran cualquier sistema impositivo. Su operación eficaz en proveer los recusos públicos suficientes para atender necesidades colectivas, exige condiciones especiales en cada uno de ellos.
Impuestos diseñados bajo principios de sencillez, progresividad, equidad y eficiencia, con ausencia de exenciones y beneficios injustificados, minimizan conductas asociadas a la elusión y la evasión fiscal.
Procedimientos claros y simples facilitan el cumplimiento y la fiscalización del Estado. Los resultados de la gestión del ente rector tributario, traducida en aumento de recaudos, dependerá tanto de la cantidad y calidad del recurso humano disponible en la administración y control, como de las herramientas tecnológicas utilizadas en estas tareas.
En Colombia existen serias imperfecciones en las tres variables. La búsqueda constante de mayores ingresos en el cuadre de las cuentas fiscales, ha chocado de manera permanente con la pretensión de recuperar en los impuestos los principios indicados y todo hace pensar que en el inmediato futuro, por la naturaleza de la anunciada reforma del 2021, es poco probable un cambio de la situación.
En aras de mejorar en algo, debería aprovecharse esta oportunidad para revisar los trámites existentes haciéndolos más ágiles. En el entretanto existen posibilidades sin necesidad de ley, como la de eliminar algunas medidas aplicadas al interior de la administración, para evitar entorpecer procesos con redundantes exigencias que agobian a los contribuyentes sin justificación, como ocurre con la relación de costos y gastos a acompañar con las solicitudes de devolución, cuando estos datos están en manos de la entidad por haber sido suministrados con la información exógena.
El número de funcionarios de la Dian es insuficiente y está desbordado por la excesiva demanda de atención y fiscalización del amplio universo de contribuyentes. Esta deficiencia en alguna forma se compensa con la adopción de mecanismos para adelantar por internet determinadas diligencias y en la automatización de ciertas actuaciones administrativas. En esta última solución se impone tener en cuenta, que el uso de las herramientas informáticas no elimina la necesidad del actuar y del análisis de los humanos. Cuando los funcionarios dejan todo al mundo de las máquinas ocurren situaciones injustas e ilegales, ejemplo: las decisiones reiteradas de inadmisión de solicitudes de devolución por revisiones automáticas, hoy obligan al contribuyente al insistir en su petición, a tener que volver a presentar nuevamente documentos ya en poder de la oficina del conocimiento.
En este contexto, la correcta ejecución de los US$250 millones del Fondo Dian juega papel estratégico en lograr una administración de impuestos moderna, especializada y con más capacidad de control, pues permitirá contar con sistemas robustos y suficiente personal calificado. Al menos en este frente, en un horizonte de 3 años, se sentarán bases sólidas para quebrar el alto deterioro de los ingresos tributarios por la evasión y el contrabando.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector general de la DIAN.
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