Hace pocos días la Dian informó al país sobre el resultado de la 2ª jornada del ‘día sin IVA’ del 2021. Al igual que en el anterior, el último comunicado celebra el monto de ventas realizadas, las cuales según los reportes de prensa oficiales alcanzaron una suma superior a los 20 billones de pesos (9,8 el 28 de octubre y 10,7 el 19 de noviembre).
Con base en el significativo volumen, la entidad rectora de los tributos reitera el avance de la recuperación de la economía nacional con “paso firme” y hace eco de lo expresado por la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, quien consideró: “Esas cifras demuestran un éxito rotundo en materia de comercio de bienes, que será el gran motor de la economía nacional en este momento de recuperación”.
La ‘feria impositiva’ naturalmente tiene feliz al sector comercio. También a quienes aplazaron sus decisiones de consumo para concretarlas en esos días, sin importarles haber quedado, en muchos casos, con las finanzas comprometidas por el alto costo de sus tarjetas de crédito (intereses del 24,8% al 25,7%). La alegría y el espejismo del aparente ahorro tributario, encontrará un nuevo espacio el próximo 3 de diciembre.
Como no hay ‘fiesta gratis’, su costo total, considerando la tarifa del IVA (19%) y bajo el supuesto de la existencia de un repunte del consumo privado, arrojaría un valor que podría ubicarse entre 4,5 y 5 billones de pesos. Es decir, los menores ingresos alcanzarían cerca del 33% del recaudo esperado con la ley de Inversión Social (15 billones).
Estos guarismos conducen a preguntar sobre la relación costo-beneficio implícita en la ‘verbena de las compras sin IVA’: Realmente ha incidido en una verdadera reactivación económica tal y como lo pregonan los funcionarios? ¿Cuánto pesan en las ventas desgravadas, las efectuadas sobre productos importados frente a las de bienes elaborados por los productores colombianos? ¿Los fabricantes nacionales si están siendo impactados favorablemente con ella? ¿Ha estimulado la generación de empleo?
¿Cómo contrastan en cantidad, las ventas realizadas por las grandes superficies frente a las de los comerciantes pequeños y medianos? A pesar del sacrificio exigido a los contribuyentes por la Ley de Inversión Social, existe coincidencia entre los entendidos en temas hacendísticos sobre la necesidad para el nuevo gobierno a instalarse el año entrante, de adoptar una nueva reforma tributaria.
Por tanto, el ejecutivo debe dar las explicaciones del impacto económico de la medida con mayor detalle, con el fin de evitar ser calificado como irresponsable por patrocinar semejante sacrificio fiscal frente a las necesidades presupuestales que se vislumbran a partir del 2022, así como ser cuestionado por asumir una conducta ‘despilfarradora’ en asuntos de impuestos.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian.
[email protected]