En la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministro de Hacienda confirmó la ubicación de buena parte de los recursos necesarios tanto para los programas sociales, como para “apuntalar” la sostenibilidad fiscal (2021-2023), en una reducción del gasto público, el incremento de la renta petrolera como consecuencia del aumento del precio del crudo, la optimización en la enajenación de activos, la obtención de nuevos ingresos tributarios producto de una mayor eficiencia de la gestión de la Dian en el control a la evasión y en las medidas a presentar a consideración del Congreso de la República el próximo mes de julio con la nueva reforma tributaria.
En el evento, el jefe de la cartera de Hacienda se abstuvo de referir contenido alguno del proyecto de ley impositivo, lo cual es apenas coherente con la concertación iniciada incluso antes de su posesión.
Frente a los ingresos tributarios, han hecho carrera las fórmulas del sector empresarial de aumentar la tributación a personas jurídicas, incluyendo, como lo anunció el presidente, una sobretasa al impuesto sobre la renta. Se suman: desmontar el descuento de ICA, prorrogar el impuesto de patrimonio, aumentar el gravamen sobre los dividendos y al sector financiero.
Estas disposiciones en buena parte coinciden con lo planteado en la propuesta del partido de gobierno, radicado a pocos días de finalizar la legislatura anterior, lo cual evidenciaba un afán oportunista por mostrarse proactivo frente a la protesta social, a pesar de la ausencia de posibilidad real de aprobación. Según algunos, la iniciativa constituye obstáculo a los ingentes esfuerzos ministeriales por construir un diseño conciliado con actores académicos, técnicos, sociales y empresariales, orientado a superar el descalabro gubernamental vivido en abril pasado. En relación con la Dian, por los altos guarismos de evasión existentes en el país, es realista pensar en un mejor resultado de su gestión, siempre que su acción apueste a los verdaderos sectores al margen de la tributación, en lugar de perseguir incumplimientos formales que en nada limitan las posibilidades de fiscalización de la entidad, para someterlos a multas desproporcionadas y, en ocasiones, fundadas en interpretaciones al margen de la ley.
La reforma en ciernes sería una oportunidad de oro para introducir cambios orientados a superar algunas inequidades, como las presentes en las consecuencias de la falta de eficacia de declaraciones de IVA presentadas por períodos equivocados, de la presentación extemporánea de la conciliación fiscal y del Informe Maestro de Precios de Transferencia. Con la misma finalidad, el régimen Simple debería admitir las pensiones como ingreso no gravado dentro de los límites aplicados en renta, a más de permitir a quien supere durante el ejercicio gravable el límite de los ingresos (80.000 UVT), culminar el período como tal y sólo empezar a operar bajo el régimen ordinario a partir del año siguiente. Los cambios solo requieren una pizca de racionalidad en quienes preparen las normas, en beneficio de los contribuyentes que dentro de la formalidad declaran y pagan sus impuestos.
GUSTAVO H. COTE PEÑA
Exdirector General de la Dian
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