EL REVOLCON DEL PATRIMONIO
Poco antes de concluir el 2.010 el Gobierno Nacional, haciendo uso del Estado de Emergencia, no solo amplió la base del impuesto al patrimonio, sino que hizo más oneroso este tributo para las personas y entidades obligadas por la ley.
Nadie niega los efectos desastrosos que ha causado el invierno en nuestro país. Las imágenes trasmitidas por la TV son conmovedoras y, como ocurre casi siempre, las personas de menores recursos económicos son las más castigadas por la naturaleza como también lo han sido por los grupos armados al margen de la ley.
Frente a tanto dolor, pobreza y desesperación, era el momento ideal de exigirle a quienes tienen más, contribuir, así sea de manera parcial, para solucionar el drama de los que perdieron sus viviendas, enseres y demás.
Personas obligadas al impuesto. Quienes posean al 1 de enero de 2.011 un patrimonio líquido igual a $1.000 millones e inferior a $2.000 millones, después de restar la inversión neta en sociedades y el valor de la vivienda hasta un limite de $ 319 millones, deben estimar un impuesto equivalente al 1% del patrimonio líquido depurado.
Si el monto neto es de $2.000 millones y menos de $3.000 millones, el tributo será del 1,4% sobre el patrimonio neto.
Patrimonios entre $3.000 millones y menos de $5.000 millones, la tarifa será del 2,4%, más una sobretasa del 25%, valga decir, pagarán sobre el patrimonio neto el 3%. De $5.000 millones en adelante la tarifa plena será del 6%.
Impuesto a cargo. Las personas naturales y entidades con patrimonios líquidos iguales o superiores a $ 1.000 millones, el valor del impuesto que se causa el 1 de enero de 2.011, se cancela en ocho cuotas iguales en los próximos cuatro años.
Ejemplos: El que tenga un patrimonio líquido depurado de $1.999 millones deberá pagar en el plazo señalado $20 millones; otro contribuyente con $2.999 el gravamen será de $42 millones; pero si alcanza la cifra de $3.000 millones, el gravamen será de $90 millones. Quien posea $4.999,9 millones le corresponde pagar $150 millones. Si el patrimonio es de $5.000,1 millones el impuesto total será de $ 300 millones.
Resulta extraño, por no decir inexplicable, que quien tiene un patrimonio base de $ 4.999,9 millones, pagará un tributo de $ 150 millones; en cambio, el que posea $5.000 millones, o sea mil pesos más que el anterior, deberá cancelar $300 millones. Estos hechos, que son reales, no del mundo virtual, desbordan los límites de la equidad, la justicia y la razón.
Si bien es cierto que la fórmula que se diseñó para conseguir mayores ingresos es de fácil aplicación, en muchos casos resulta injusta, desproporcionada y nociva. Con frecuencia me pregunto cuál es la razón para mantener un Estatuto Tributario, tan frondoso, poco claro y, en especial, lleno de privilegios, negando a millones de personas la posibilidad de satisfacer las necesidades elementales de vivienda, educación, salud y un mínimo de esparcimiento.
De tiempo atrás, no parece que al gobierno central le preocupen los abusos de los contribuyentes, que gracias a la ayuda de expertos en el campo tributario, hacen desaparecer, como por arte de magia, buena parte de los patrimonios y rentas gravables. Mientras los profesionales que compiten en el campo de los impuestos parecen volar en carros Ferrari de 400 caballos, los funcionarios de impuestos van distraídos en caballos de cuatro patas.
Frente a la desidia de los gobiernos para suprimir tantos privilegios fiscales y evitar que unos pocos sigan llenando sus alforjas a costa de millones de colombianos que carecen de casi todo, al recurrir a medidas de excepción, como el caso que nos ocupa, casi siempre se atenta contra la prudencia y el buen juicio. En buena parte, mientras se mantenga la actual normatividad impositiva, será imposible hablar de justicia social.