Reforma, evasión y corrupción
noviembre 20 de 2011 - 4:31 pm
En las recomendaciones que se han venido formulando para la reforma tributaria que será presentada al Congreso de la República, se ha insistido en la necesidad de involucrar aspectos que permitan materializar la tan anhelada reforma estructural que tantas veces ha sido planteada.
Existe coincidencia en tener en cuenta temas como la eliminación de privilegios y exenciones, la reducción de la tarifa para renta e incluso para IVA y la generalización de la base gravable para este último tributo, al igual que la unificación de las tarifas que le son aplicables (35%, 25%, 20%, 16%, 10%, 1.6%).
La técnica tributaria demanda la presencia en el sistema tributario colombiano de los principios de equidad, progresividad y neutralidad, pero además impone que en su conjunto exista el principio indispensable de la ‘simplicidad’.
Lo simple debe impregnar tanto el diseño normativo de las obligaciones tributarias sustanciales, como de las obligaciones formales o accesorias, incluyendo en estas los trámites a los cuales deben someterse los contribuyentes y los funcionarios de impuestos.
Está plenamente demostrado que cuando en los sistemas tributarios existe mayor complejidad, mayor es también el caldo de cultivo para la evasión y la elusión fiscal.
Y si se suma a esta deficiencia, la de enredar los trámites y establecer términos extensos para su cumplimiento, se genera un ambiente propicio para incentivar la corrupción.
Ejemplo de lo anterior se vive con las devoluciones de impuestos nacionales. Las situaciones de fraude como las que se detectaron en la Dian, no se evitan dificultando el legítimo derecho de las empresas a recuperar los saldos a favor de carácter tributario. El otorgamiento de citas en fechas tardías para la radicación de las solicitudes, así como el señalamiento de plazos mayores para decidirlas, no resuelven este complejo mundo. De hecho, algunos gerentes ya están comentando que están sufriendo experiencias de extorsión sobre la base de anticipar la simple radicación de las solicitudes.
En otras palabras, no se puede continuar con la adopción de medidas bajo el supuesto equivocado de que lo general es la mala fe de los contribuyentes y que la corrupción es el mundo generalizado en la Dian, pues la mayoría de los empresarios son correctos y la mayoría de los funcionarios de la Dian son honestos y responsables en el ejercicio de sus funciones.
Lo que se requiere es volver a lo simple en las normas y combinar este hecho con la adopción de estrategias que generen un alto riesgo subjetivo que desestimulen a ese pequeño universo de manzanas podridas y los lleve a desistir de sus pretensiones contra el Estado.
En esta línea podría introducirse una especie de ‘beneficio de oportunidad administrativa tributaria’ parecida a la existente en materia penal, que permita que el contribuyente objeto de la fiscalización que preste ‘colaboración eficaz’ para la detección de circunstancias de evasión fiscal de otros contribuyentes y/o de corrupción, pueda ser objeto de una reducción de las sanciones que le corresponden, siempre que cubra el valor de los mayores impuestos por sus inexactitudes.
En una medida de esta clase, podría jugar un papel fundamental la recién creada figura del Inspector Tributario, para evitar que se produzcan abusos que demeriten su aplicación.