Con sus recientes intervenciones públicas el señor Ministerio de Hacienda viene ambientando la próxima reforma tributaria del 2021. Existe claridad suficiente sobre su significativa pretensión recaudatoria. Se buscará sentar las bases para aumentar los ingresos públicos en $20 billones. Para justificarla, compara el origen de la recaudación, según el tipo de contribuyentes, con el de los miembros desarrollados de la Ocde. Así, el mayor responsable de las finanzas públicas, a partir del peso en esos países del aporte impositivo de las personas naturales frente a las jurídicas, ha llegado a decir “Si nosotros estamos saliendo de pobres, tenemos que ser conscientes de que el estatuto tributario tiene que dejar de ser el de un país pobre y mirar hacia adelante”.
El optimismo reflejado en la frase debería llenar de alegría a todos, pero contrasta con lo revelado por estadísticas oficiales y centros de análisis privados. En especial, por lo informado sobre los ingresos mínimos de los colombianos para proveerse una canasta básica de alimentos y servicios.
En octubre pasado, el Dane ubicó la pobreza monetaria nacional en el 2019 en un 35,7% y la extrema en el 9,6%, lo cual implicó 662.000 personas más en esta difícil situación, llevando el total a 17.470.000, confrontadas con las 16.808.000 del 2018. Por el lado de la pobreza monetaria extrema, el panorama conllevó exceder en 1,4 puntos la del año anterior y situó en 4.689.000 la cantidad en condiciones de no poder siquiera alimentarse por encontrarse debajo de la línea de ingresos que le permite cubrir las 2100 calorías diarias para sobrevivir.
Si la evaluación se realiza en el 2020 a la luz del impacto de la pandemia, el panorama es mucho más desalentador. Fedesarrollo estima que frente a los más de 8.5 millones de personas en pobreza multidimensional del 2019, en el 2020, 5,6 millones ingresarán a este triste grupo de compatriotas. Valga anotar, esta última variable involucra aspectos adicionales a la simple carencia de ingresos.
Los pobres y clase media de Colombia, son la inmensa mayoría de la población y deben ser tratados con consideración. La ya anunciada extensión del IVA a los productos de la canasta familiar debe ser descartada, pues si bien técnicamente puede ser defendida, carece de justificación alguna frente a su delicada circunstancia. Si la ampliación llegara a ser aprobada, el reintegro del impuesto a los más vulnerables adolece de la posibilidad de dar solución al alivio requerido por la gran cantidad que quedaría injustamente afectada con la medida. Por la misma razón, lo viable para resolver la necesidad de mayores ingresos fiscales, es enfocarse en quienes concentran la posesión de riqueza significativa, eliminar exenciones en renta, crear tributos a los gigantes tecnológicos, impuestos saludables y ambientales. Además, debe mirarse hacia los grandes evasores, controlar el contrabando y combatir con decisión la descarada corrupción que viene golpeando en forma miserable las arcas públicas. Es aceptable soñar con un país mejor, pero el desafortunado escenario impone tomar las decisiones de política tributaria reconociendo la realidad, en lugar de ignorarla.
Gustavo H. Cote Peña
Exdirector General de la Dian