Ayer, 31 de enero, venció el plazo legal de clasificación en el Régimen Simple de Tributación (RST) para el 2021. El sistema adoptado en las dos últimas reformas tributarias permite la declaración y pago unificado de los impuestos de renta, IVA e industria y comercio.
Según el Gobierno busca disminuir las cargas de los contribuyentes, para impulsar su formalización y facilitarles el cumplimiento de obligaciones. El éxito del mecanismo opcional es un hecho indiscutible.
Está reflejado en los $72.879 millones en el 2019 aportados por 8.630 inscritos, y en la recaudación de $393.000 millones durante el 2020 pagados por 25.010 registrados.
Uno de los deberes de colaboración con la administración tributaria es el reporte de información exógena sobre pagos a terceros realizados durante la anualidad anterior, exigido por la ley cada año, a quienes sean señalados como obligados por la Dian mediante resolución que según el Estatuto Tributario, “debe expedirse con por lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se solicita la información”.
La justificación de esta oportunidad radica en la prohibición constitucional de la retroactividad de las normas tributarias y en la necesidad de dar a conocer a los obligados las “reglas de juego” del período con anterioridad a su inicio. Estos parámetros soportan la certeza jurídica clave en las relaciones fiscales y facilita la preparación de los administrados para cumplirlas debidamente.
Para el 2020, la referida obligación fue señalada en la Resolución No. 70 del 28-10-2019. No obstante, la Dian acaba de publicar un proyecto de modificación para, entre otras cosas, restringirla en el caso de los del RST a aquellos que durante el 2019 o el 2020 hayan obtenido ingresos superiores a $500 millones. Además de su inoportuna presentación, la nueva medida juega en contra de las aspiraciones gubernamentales.
El RST comprende personas jurídicas y naturales. Dentro de las naturales están los independientes que ejercen profesiones liberales. Un número alto de este universo ha encontrado en él la ocasión de incorporarse a la formalidad y al pago de impuestos, confiados en su diseño bajo criterios de sencillez y creyendo en el argumento de la disminución de las imposiciones formales, contexto muy acorde a su situación particular de estar excluidos de la obligación de llevar contabilidad y, por ello, de la de conservar soportes de su egresos, por contraste con los comerciantes y las sociedades.
La ausencia de distinción en la pretendida propuesta de cambio y su carácter intempestivo, ubican a estos profesionales en una situación difícil para cumplir con lo exigido. De adoptarse, quedarían sometidos a reconstruir información del pasado (2020), dentro de la mayor complejidad derivada del contexto de acción restringida de los momentos actuales.
Para desechar factores de estímulo a la informalidad, la medida debería ser ajustada para obligarlos hacia el futuro, pues el conjunto de profesionales señalado son, en buena parte, los potenciales contribuyentes del RST, que llevarán a la meta oficial de 100.000 en lo restante del período presidencial.