En Colombia, las inequidades sociales determinadas por la excesiva concentración de la riqueza en unos pocos, el desempleo, la pobreza, la corrupción, la falta de seguridad, la ausencia de presencia real del Estado en zonas de conflicto, los frustrantes esfuerzos oficiales frente al asesinato gota a gota de excombatientes, defensores de derechos humanos y líderes sociales, el cuestionamiento de decisiones de los jueces por parte de las altas esferas y sus mensajes equivocados frente a la implementación del acuerdo de paz, son algunos de los factores determinantes del deterioro de la confianza en lo público.
Las noticias sobre la encuesta de Datexco en la última semana de enero advertían que “recogió la opinión de los colombianos quienes, en su gran mayoría, se muestran insatisfechos”.
En ella, el presidente Duque tiene 63,13% de imagen desfavorable y la desaprobación como mandatario alcanza 68,19%.
El futuro inmediato de estos índices aparece bastante oscuro, si se suman a lo dicho, los innegables estragos económicos derivados de la pandemia prolongándose en el 2021, las grandes expectativas de la población frente al plan de vacunación, puesto en marcha en medio de la promoción censurable de autoridades gubernamentales y la poca agilidad impuesta por el escalonado arribo de las vacunas y el cuidadoso manejo de su distribución, y el anuncio de la oficialización en los próximos días del proyecto de reforma tributaria.
En el horizonte a muy corto plazo, el ingrediente impositivo es, sin lugar a dudas, un elemento álgido de cara al actual ambiente económico y social.
Algunos afirman la ausencia de momentos oportunos para hacer reformas de este tipo. Lo cierto es que como con ellas se busca trasladar recursos privados al presupuesto público, siempre termina afectado el bolsillo de todos los ciudadanos, cuyo descontento natural se exacerba, en mayor medida, si el retorno social derivado de la inversión de los mayores tributos por parte del Estado, aparece desdibujado como ocurre en Colombia.
Sin embargo, cuando se toma la decisión de tramitarlas, es prudente conciliarlas con una mínima dosis de reconocimiento de la realidad de la situación de los destinatarios, para ser selectivos en las medidas a incluir en su articulado.
El caso de la extensión del IVA a productos de la canasta familiar, el solo anuncio cuenta ya con un rechazo generalizado. La devolución a vulnerables es insuficiente para justificarla. Los pobres en el país según el Dane alcanzan el 48% de la población (23’164.000), si el reintegro va a cubrir 2 millones de hogares, y en promedio se toma una cantidad de 5 personas por cada uno de ellos, alcanzaría a llegar a 10 millones de colombianos, quedando un amplio grupo de más de 13 millones por fuera de la solución. Señores del Ejecutivo y del Legislativo, eviten aumentar el desprestigio institucional por un capricho tecnócrata repudiado por todos.
Gustavo Humberto Cote P.
Exdirector general de la Dian
[email protected]