Al realizar la entrega del Plan Financiero (PF) para el 2021 el pasado 4 de marzo, el ministro del ramo informó sobre la difícil situación del balance fiscal. El déficit del gobierno central en el 2020 se ubicó en -7,8% del PIB y para el 2021 se espera un -8,6%.
Como la situación del año en curso exige mantener los programas sociales de subsidios y compensación a una parte de las familias pobres, asumir el pago de las vacunas, garantizar el funcionamiento del Estado y la financiación de los proyectos de inversión pro-reactivación económica, el camino anunciado en el programa continuará marcado por el endeudamiento público como fuente principal de recursos, aunque a este se suma una limitada reducción del gasto público y la adquisición de ISA por Ecopetrol.
Según las estimaciones ministeriales, la deuda pública en el 2021 alcanzará el 65,2% del PIB. Como es apenas natural, esta obligación deberá ser pagada por todos los contribuyentes en los próximos años.
En opinión de algunos, el PF 2021 genera desconcierto por apartarse de las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio del año pasado.
Su presentación estuvo precedida de la ambientación días antes de la reforma tributaria, realizada por el Viceministro de Hacienda, quien advirtió sobre la aplicación de los cambios a partir del año entrante, luego la posible mayor recaudación se materializará en IVA en el 2022 y en renta en el 2023.
Es decir, la estrategia oficial traslada sus efectos a un momento en el tiempo entrelazado con la finalización del actual período presidencial.
Curiosamente, en los medios de comunicación se ventiló la propuesta de prorrogar dos años más el cuatrenio Duque, para unificar las elecciones presidenciales con las de los cuerpos colegiados. Para ciertos sectores políticos se trató del cumplimiento de un mandato encomendado por algunos altos integrantes del ejecutivo.
El margen de su verdadero diseñador, la idea es preocupante por los efectos nocivos vividos en el pasado por pretensiones similares, oportunamente frenadas por la guardiana de la Constitución Política.
Para el 2010, la Corte Constitucional sentó como precedente que de la observancia del período presidencial depende que “… toda la forma política decidida por el Constituyente se preserve, como fue adoptada en la Constitución, o se desfigure a tal grado que, de hecho, deba entenderse sustituida por otra, incluso contraria”.
No se compadece con el país ni sería responsable, faltando un poco más de un año para la culminación del período presidencial, añadir un ingrediente tan traumático e incendiario, a los muy graves problemas sociales y económicos sufridos en la actualidad por la población. De llegar a materializarse, los colombianos volverán a enfrentar, como ocurrió hace diez años, un alevoso atentado contra la institucionalidad y la democracia en beneficio de la preocupante polarización nacional.
Gustavo Humberto Cote
Exdirector General de la Dian
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