Radicado en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, los partidos empiezan a asumir posiciones sobre su contenido, conciliando las perspectivas para las elecciones de 2022 con las medidas cuestionadas por muchos sectores.
El gobierno trata de “persuadir” a senadores y representantes para reunir los votos para su aceptación.
Queda por verse si la presión oficial quiebra el llamado al orden del jefe natural de Cambio Radical y del presidente Gaviria, cuyas bancadas sumadas a las de la oposición, por ahora, impiden ver estructuradas las mayorías necesarias para su aprobación expedita.
La promesa de los funcionarios de Hacienda sobre los efectos de los cambios a partir del año 2022, fue incumplida al contemplar para el 2021 el impuesto temporal y solidario aplicable a asalariados e independientes con ingresos mensuales periódicos mayores a 10 millones de pesos.
Todos reconocen la importancia de aumentar la tributación de quienes tienen una mayor capacidad de pago. Lo censurable es el continuo proceder de las altas esferas públicas de formular anuncios, para arrojarlos después a la basura sin siquiera sonrojarse. De esta manera, la credibilidad institucional se deteriora y genera desconfianza.
El argumento de “todos ponen” como fundamento de la iniciativa para justificarla con una pretendida redistribución de cargas tributarias con criterios de solidaridad, aparece desdibujado por la inequidad entre algunas de las propuestas.
Al colocar en una balanza el muy fuerte e injusto apretón planteado para las personas naturales de ingresos medios y bajos, enfrentado a las normas sugeridas para aumentar la tributación de las rentas de capital, como ocurre con los dividendos, surge un resultado desafortunado.
El articulado mueve el nivel inferior actual de 300 a 800 UVT, con lo cual saca de la tributación los dividendos percibidos en cuantía inferior a $29 millones de pesos. El impuesto a la riqueza, propuesto para dos años, se presenta con la novedosa idea de ser deducible en la renta y de no gravar los primeros 4.865 millones, lo cual reduce su contribución.
L-a valoración ubica estas disposiciones en el plano demagógico de pretender recursos adicionales de quienes más ganan y enfrente a una realidad contraria.
Si la reforma supera los vientos adversos y finalmente es aprobada, desde el lado de los ciudadanos de a pie, en especial de la clase media, queda la esperanza de que al menos frente a los temas más sensibles para sus bolsillos y los inequitativos aquí mencionados, los congresistas materialicen una posición responsable y diferente a las aspiraciones gubernamentales.
De otra manera, lo aprobado terminará dando un golpe de nocaut a su maltrecha situación, a pesar de haber sufrido de manera drástica los efectos negativos de la pandemia que, además, siguen proyectándose como una sombra oscura sobre todos los actores productivos.
Gustavo Humberto Cote
Exdirector General de la DIAN.
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