Concepto 0546

Concepto Nº 0546

13-12-2022

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

CONSULTA (TEXTUAL)

“(…)

PRIMERO:

El presidente de la república de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expidió el decreto 540 de 2004 y el decreto 1651 de 2021, por medio del cual reglamenta la exención para las donaciones de gobiernos o entidades extranjeras determinada en el artículo 94 de la ley 788 de 2002.

SEGUNDO:

En el decreto 540 de 2004 se determinan los requisitos generales para la exención, entre los cuales podemos encontrar:

“Artículo 4°. Requisitos generales de la exención. Para la procedencia de la exención establecida en el artículo 96 de la Ley 788 de 2002 el donante podrá ejecutar los recursos administrándolos directamente; a través de organismos internacionales; de entidades públicas debidamente autorizadas, o designar organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas en Colombia como entidades ejecutoras de los fondos objeto de donación debiendo en cada caso cumplir los siguientes requisitos generales:

1. En el caso de la Organización no Gubernamental que se designe para administrar y ejecutar los recursos, el representante legal de la misma debe adjuntar certificación expedida por el Gobierno o entidad extranjera otorgante de la cooperación, en la cual conste su calidad de entidad ejecutora de los fondos objeto de donación, debiendo llevar contabilidad separada de los recursos administrados.

2. El representante legal de la entidad que administre o ejecute los recursos deberá expedir certificación respecto de cada contrato u operación realizados con los recursos del auxilio o donación en la que conste la denominación del convenio, acuerdo o actuación intergubernamental que ampara el auxilio o donación, con indicación de la fecha del mismo y de las partes intervinientes. Esta certificación servirá de soporte para la exención del impuesto de timbre nacional, del impuesto sobre las ventas, del Gravamen a los Movimientos Financieros, (GMF) y de otras tasas y contribuciones del orden nacional que pudieran recaer sobre la utilización de los recursos, certificación que deberá estar suscrita por Revisor Fiscal o Contador Público, según el caso. El administrador o ejecutor de los recursos deberá entregar dicha certificación a los proveedores de bienes y servicios, con el fin de que se dé aplicación a la correspondiente exención del IVA.

3. El administrador o ejecutor de los recursos deberá manejar los fondos del auxilio o donación en una cuenta abierta en una entidad financiera, destinada exclusivamente para ese efecto, la cual se cancelará una vez finalizada la ejecución total de los fondos así como del proyecto u obra beneficiario del auxilio o donación.

4. El proveedor por su parte deberá dejar esta constancia en las facturas que expida y conservar la certificación recibida como soporte de sus operaciones, para cuando la Administración lo exija, la cual además le autoriza para tratar los impuestos descontables a que tenga derecho de conformidad con los artículos 485 y 490 del Estatuto Tributario, aunque sin derecho a solicitar devolución del saldo a favor que se llegue a originar en algún período bimestral.

Parágrafo. Los aspectos no contemplados en el presente decreto se regirán por las normas generales contenidas en el Estatuto Tributario y en los correspondientes reglamentos”.

TERCERO: Así mismo, en el decreto 1651 de 2021 se establecen las obligaciones del donante ejecutor, entidad ejecutora y/o contratista ejecutor, en donde podemos encontrar la obligatoriedad de administrar los fondos de auxilio de forma separada en la contabilidad:

“(...) 2. Identificar y administrar los fondos del auxilio o donación de forma separada en la contabilidad del donante ejecutor, la entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor”.

CUARTO: En los decretos anteriormente citados se puede encontrar la obligatoriedad de “llevar contabilidad separada de los recursos administrados” e “Identificar y administrar los fondos del auxilio o donación de forma separada en la contabilidad del donante ejecutor, la entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor”, aun así, dichas obligaciones resultan ambiguas y oscuras, debido a esto se solicita de manera respetuosa y comedida al CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA la correcta interpretación de las obligaciones anteriormente citadas, en específico que se entiende por “contabilidad separada”.

PRIMERO: De conformidad con lo manifestado en el presente documento de manera oportuna y respetuosa SOLICITO al CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA la correcta interpretación del requisito determinado en el numeral primero del artículo 4 del decreto 540 de 2004, concretamente la interpretación de “contabilidad separada”.

Lo anterior dentro del marco de vigencia del decreto 540 de 2004 y el artículo 96 de la ley 788 de 2002.

SEGUNDO: SOLICITO de igual manera, se me explique cómo se debe llevar a cabo por parte de una entidad ejecutante no donataria, el registro contable de los recursos de cooperación internacional, acorde con el numeral segundo del artículo 1.3.1.9.11 del decreto 1651 de 2021.

TERCERO: En caso de que ya se haya emitido conceptos acordes con la solicitud RUEGO se me remita copia de los mimos. (...)”

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnico- científico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en los siguientes términos:

Respecto de la primera pregunta, cuando se hace mención a identificar de forma separada en la contabilidad, se entiende por diferenciar contablemente las transacciones propias de la entidad, de las transacciones que se reconozcan por la donación o auxilios, correspondiente a cada fondo. Esta separación contable puede hacerla a través de centros de costos, teniendo en cuenta la estructura y el sistema de información financiera (software) que maneje la entidad.

Mediante el concepto 2017-1074

(https://www.ctcp.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ec4d1299-0244-4976-9edd-2876aa328635), que emitió el CTCP, con relación a los centros de costos, se manifestó:

“(...) que las entidades obligadas a llevar contabilidad lo harán de tal forma que la información sea clara, completa, fidedigna y debidamente soportada. En la normativa vigente no se exige la utilización de centros de costo ni un software contable específico, por lo que se podrá llevar en cualquier sistema de información siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley y los establecidos por la Administración del ente.

Así las cosas, podrá llevar la contabilidad utilizando centros de costos.” Subrayado fuera de texto.

Los libros auxiliares que cada entidad maneje en su contabilidad, donde se identifiquen las diferentes cuentas, subcuentas y auxiliares, conforme al plan de cuentas y dinámicas de las mismas, permitirán tener un registro de las transacciones de forma detallada, clara e integra, tal como lo establece el Código de Comercio (Artículo 49): “Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquéllos”; e igualmente en el Anexo 6 del DUR 2420 de 2015 (Título tercero de las normas sobre registros y libros, artículo 7° Comprobantes de contabilidad y artículo 8° Libros).

En Colombia, las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad, deben aplicar los marcos normativos técnicos contables y financieros de acuerdo a la clasificación del DUR 2420 de 2015, NIIF Plenas para el Grupo 1, NIIF para las Pymes para el Grupo 2 y NIF para Microempresas para el grupo 3.

En cuanto a la pregunta No. 2, el artículo 1.3.1.9.11 del decreto 1651 de 2021, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1.3.1.9.11. Obligaciones del donante ejecutor, la entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor. El donante ejecutor, la entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor, según sea el caso, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Administrar los fondos del auxilio o donación en una cuenta corriente o de ahorros, destinada exclusivamente para el objeto de la donación o auxilio, en una institución financiera, la cual se cancelará una vez finalizada la ejecución total de los fondos en el programa de utilidad común. Al momento de la apertura de la cuenta corriente o de ahorro el donante ejecutor, la entidad ejecutora o el contratista ejecutor, deberá entregar a la institución financiera, lo siguiente:

1.1. Copia del certificado de utilidad común expedido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.

1.2. Copia del certificado de que trata el artículo 1.3.1.9.10. del presente Decreto cuando la ejecución del fondo o auxilio destinado a los programas de utilidad común sea realizada por el contratista ejecutor, cuando haya lugar a ello.

1.3. Certificación, bajo la gravedad de juramento, firmada por el representante legal o quien haga sus veces del donante ejecutor, entidad ejecutora y/o del contratista ejecutor, según sea el caso, en la que conste:

1.3.1. Razón social y número de identificación tributaria -NIT o el que haga sus veces, del donante ejecutor, entidad ejecutora y/o contratista ejecutor según sea el caso.

1.3.2. Razón social y número de identificación tributaria -NIT de la institución financiera donde se aperturará la cuenta corriente o de ahorro.

1.3.3. Fecha y número del certificado de utilidad común expedido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.

1.3.4. Monto de los fondos provenientes de auxilio o donación o valor del contrato destinado al programa de utilidad común para el caso del contratista ejecutor.

1.3.5. Manifestación expresa de que la cuenta corriente o de ahorros será destinada para el uso exclusivo de los recursos provenientes del fondo de auxilio o donación.

2. Identificar y administrar los fondos del auxilio o donación de forma separada en la contabilidad del donante ejecutor, la entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor.

3. Entregar al proveedor o prestador del servicio cuando adquiera bienes o servicios los siguientes documentos:

3.1. Copia del certificado de utilidad común expedido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.

3.2. Copia del certificado de que trata el artículo 1.3.1.9.10. del presente Decreto cuando la ejecución de los fondos de auxilio o donación destinados a los programas de utilidad común sea realizada por el contratista ejecutor, cuando haya lugar a ello.

3.3. Certificación bajo la gravedad de juramento, firmada por el representante legal o quien haga sus veces del donante ejecutor, entidad ejecutora y/o contratista ejecutor según sea el caso, en la que conste:

3.3.1. Razón social y número de identificación tributaria -NIT o el que haga sus veces, del donante ejecutor, entidad ejecutora y/o del contratista ejecutor según sea el caso.

3.3.2. Nombre o razón social y número de identificación tributaria -NIT del proveedor o prestador del servicio.

3.3.3. Fecha y número del certificado de utilidad común expedido por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.

3.3.4. Descripción del bien adquirido o del servicio contratado.

3.3.5. Manifestación expresa de que el bien adquirido o servicio contratado tiene como destino exclusivo el programa de utilidad común objeto del auxilio o donación.

4. Los rendimientos financieros que se originen por el manejo de los fondos de auxilios o donaciones, deberán destinarse al objeto del programa de utilidad común para que se les aplique la exención de que trata el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019.

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019 y el presente artículo, dará lugar a la improcedencia de la exención de impuestos, tasas y contribuciones.

PARÁGRAFO 2. Si una vez finalizado el programa de utilidad común objeto del fondo de auxilio o donación existen excedentes disponibles, se ejecutarán conforme con lo establecido o acordado entre las partes sin perjuicio del tratamiento tributario que corresponda.

PARÁGRAFO 3. La remuneración que se le otorgue a la entidad ejecutora o al contratista ejecutor según sea el caso, por la ejecución y administración del programa de utilidad común, tendrá el tratamiento tributario previsto en el Estatuto Tributario de conformidad con la naturaleza jurídica de la entidad ejecutora o del contratista ejecutor, según sea el caso.” Negrilla fuera de texto.

Las donaciones recibidas por parte de empresas privadas, por gobiernos de otros países, por parte de organizaciones no gubernamentales, y en general por particulares, se encuentran dentro del alcance de la NIC 20 Subvenciones Gubernamentales, aplicando la jerarquía establecida en la NIC 8, relacionada con la selección y aplicación de políticas contables. Al respecto, los párrafos 10 y 11 de la NIC 8, establecen lo siguiente:

10. En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea:

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios; y

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros:

(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad;

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal;

(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos;

(iv) sean prudentes; y

(v) estén completos en todos sus extremos significativos.

11. Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia se referirá, en orden descendente, a las siguientes fuentes a la hora de considerar su aplicabilidad:

(a) los requerimientos de las NIIF que traten temas similares y relacionados; y

(b) las definiciones, criterios de reconocimiento y medición establecidos para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual”.

Teniendo en cuenta que la NIC 20 Subvenciones Gubernamentales, trata los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de subvenciones recibidas por parte de entidades de gobierno, analógicamente considera el CTCP, que el mismo criterio es aplicable cuando se reciben donaciones o subvenciones de particulares o entidades no gubernamentales.

Respecto de lo que se define en la NIC 20 como subvenciones gubernamentales, en el párrafo 12 se enuncia que:

“Las subvenciones del gobierno se reconocerán en resultados sobre una base sistemática a lo largo de los períodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención pretende compensar”.

El párrafo 17 de la NIC 20 menciona lo siguiente respecto del registro contable:

“...De forma, las subvenciones relacionadas con activos que se amortizan, normalmente se contabilizarán en el resultado de los mismos períodos y en las mismas proporciones en los que se reconozca la depreciación de esos activos”.

Para la pregunta No. 3, este Consejo ha emitido consultas de tipo similar (donaciones), las cuales relacionamos a continuación:

Para efectos de consulta, puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.ctcp.gov.co/conceptos/2022

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

JESÚS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ

Consejero - CTCP