A pesar de ser una justificación cuestionable, en la mente de muchos actores económicos pesan los constantes escándalos de corrupción pública a lo largo y ancho del territorio nacional y en todos los niveles gubernamentales, como un aliciente para explicar permanecer en la informalidad y la incorrecta cancelación de los tributos o su no pago. También influye en este comportamiento, la existencia de un sistema que peca por carecer de leyes fáciles de entender, tanto por ellos como por los funcionarios responsables del control a nombre del Estado.
La complejidad de las normas fiscales y su diseño bajo criterios propios de quienes poseen altos estudios en economía y con fórmulas enredadas para el ciudadano de a pie, solo generan confusión e incumplimientos, y determinan una incidencia negativa en las arcas públicas.
Además, originan desgaste a las dos partes de la relación fisco-contribuyente, por los procesos administrativos y judiciales de varios años para definir el verdadero monto de los impuestos a trasladar. En Colombia, los cambios introducidos al Estatuto Tributario por las reformas de los últimos años, han profundizado la dificultad en los textos de algunas de las nuevas disposiciones y lo han convertido en un mamotreto de casi 1.000 artículos, sin contar todos sus reglamentos y conceptos, caracterizado por oscuros vericuetos para el entendimiento de solo algunos pocos ‘iniciados’.
En esta selva regulatoria, sumado el sinnúmero de deberes formales de colaboración ciudadana (declaraciones, reportes a entidades de control, retenciones, etc.), las micro, las pequeñas y algunas de las medianas empresas, llevan las peores consecuencias. A diferencia de las grandes, carecen del músculo financiero para cubrir los honorarios de firmas asesoras especializadas en la materia y, de todas maneras, al afrontar la atención de los múltiples requerimientos legales de diferentes autoridades, terminan asumiendo un alto “costo de cumplimiento” y el riesgo de sanciones por hacerlo erróneamente.
A pesar de lo anterior, es rescatable el Impuesto Unificado Bajo el Régimen Simple de Tributación creado en el 2019 para reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de quienes voluntariamente se acojen al mismo. El Simple integró en un solo pago los impuestos nacionales de IVA y Renta, y el territorial del ICA y dio lugar a excelentes resultados. Incorporó una cantidad importante de contribuyentes (110.241 a noviembre de 2023, con un aumento del 39,4% vs 2022) y ha determinado un positivo resultado en el recaudo anual que según la Dian llegó a $1.833.599 en el 2023 y a $1.057.516 a mayo/2024 (cifras en millones de pesos). Sería un craso error si prospera el ‘harakiri’ propuesto por Acopi de incluir su eliminación en la anunciada reforma tributaria.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian
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