Concepto

maria.pilar Jue, 13/02/2020 - 11:17

Número

129

Entidad emisora

Fecha

2020-02-05

Diario oficial

51220

Fecha del diario oficial

2020-02-07

Título

Tema: Procedimiento

Subtítulo

Descriptor: Factura Electrónica

CONCEPTO Nº 000129
05-02-2020
DIAN

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Bogotá, D. C.,100208221-129

Ref.: Radicado 000055 del 03/02/2020

Tema: Procedimiento Tributario
Descriptores: Factura Electrónica
Fuentes formales: Estatuto Tributario. Ley 2010 de 2019. Ley 1943 de 2018.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa

Cordial saludo.

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este despacho está facultado para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias, en materia aduanera, de control cambiario en lo de competencia de la DIAN. Por consiguiente, no corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Con el fin de conceptuar acerca de la aplicación de las normas que regulan la factura electrónica con validación previa, desde el 1° de enero de 2020 y hasta tanto se expidan las reglamentaciones correspondientes, se precisa lo siguiente:

1. De acuerdo al artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo o decaimiento del mismo, acontece, entre otras causales, cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. En consecuencia, al ser declarada inexequible la Ley 1943 de 2018, de conformidad con los efectos señalados en la Sentencia C-481 de 2019, desde el 1° de enero de 2020, los actos administrativos que reglamentaban el Sistema de Facturación Electrónica con Validación Previa, perdieron su obligatoriedad.

2. Sin embargo, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, desde el año 2016, dispone que: “Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta”.

Adicionalmente, la Ley 2010 de 2019, la cual modificó los parágrafos 1° y 2° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, dispone que:

“Artículo 616-1. Factura o documento equivalente (…)

Parágrafo 1°. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta.

La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica, por razones tecnológicas atribuibles a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a un proveedor autorizado, el obligado a facturar está facultado para entregar al adquirente la factura electrónica sin validación previa. En estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.

En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su validación y la entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado a facturar.

Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria las facturas electrónicas que validen.

La validación de las facturas electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las amplias facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria.

Parágrafo 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la información que el mismo contenga y genere y la interacción de los sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas de pago, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria que legalmente sea exigida.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá adecuar su estructura, para garantizar la administración y control de la factura electrónica, así como para definir las competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el funcionamiento de la misma. (…)”.

3. De otro lado, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, frente a la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, consagra:

“Artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno nacional establezca.

Parágrafo 1°. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o período gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o período siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o período gravable”.

4. Así las cosas, si bien los actos administrativos en relación con la factura electrónica con validación previa, que se soportaban en disposiciones de la Ley 1943 de 2018, a partir del 1° de enero de 2020 quedaron incursos en el fenómeno jurídico del decaimiento, la factura electrónica de venta con validación previa sigue siendo soporte de las ventas y/o prestación de servicios, así como de costos, deducciones e impuestos descontables.

5. Es decir, las exigencias en el uso de los sistemas de facturación son las vigentes desde el 1° de enero de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno nacional y la Administración Tributaria deberán proferir los nuevos actos administrativos con base en la Ley 2010 de 2019, con el fin de regular el trámite de la factura electrónica de venta con validación previa, de acuerdo a las facultades legales allí otorgadas.

6. Ahora, frente a la situación jurídica creada por la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2019, las consideraciones de este despacho son las siguientes:

• Escenario 1. Sujetos que se encontraban habilitados de conformidad con el calendario de implementación a 31 de diciembre de 2019.

Los sujetos que, a 31 de diciembre de 2019, se encontraban habilitados, de conformidad con el calendario de implementación establecido en la Resolución 000064 de 2019, seguirán expidiendo las facturas electrónicas de venta con validación previa, o los demás sistemas de facturación vigentes, con lo cual se entenderá cumplida la obligación formal de facturar.

• Escenario 2. Sujetos que debiendo haber implementado factura electrónica de venta con validación previa en el año 2019 no lo hubieren realizado.

Los sujetos que tenían la obligación de implementar facturación electrónica de venta, conforme a los calendarios establecidos en la Resolución 000064 de 2019, y no lo hubieren efectuado, deberán realizar la implementación en las fechas que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el año 2020. Entre tanto, deberán cumplir con la obligación de facturar con los sistemas de facturación vigentes.

• Escenario 3. Sujetos cuya fecha de implementación estaba fijada a partir del 1° de enero de 2020.

Los sujetos cuya fecha de implementación estaba fijada a partir del 1° de enero de 2020, en la Resolución 000064 de 2019, deberán realizar la implementación en las fechas que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el año 2020. Entre tanto, deberán cumplir con la obligación de facturar con los sistemas de facturación vigentes.

7. De igual manera, se reitera que la factura electrónica de venta y los demás sistemas de facturación vigentes, siguen siendo soporte de las ventas y/o prestación de servicios, así como de costos, deducciones e impuestos descontables, en razón a que los artículos 616-1 y 771-2 del Estatuto Tributario así la consideran.

Para finalizar, se informa que, en la actualidad, está en trámite el proyecto de decreto “por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”, el que puede consultarse en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en desarrollo del parágrafo transitorio 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establecerá mediante resolución el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación de la factura electrónica con validación previa durante el año 2020.

En los anteriores términos se responde su consulta y cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los íconos “Normatividad” – “Técnica” y seleccionando los vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,

Pablo Emilio Mendoza Velilla
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Publicado en D.O. 51.220 del 07 de Febrero de 2020.

Concepto 1136(010129)

maria.pilar — Fri, 17 Jan 2025 16:34:46 +0000

Concepto 1136(010129)

Tipo de norma

maria.pilar Vie, 17/01/2025 - 11:34

Número

1136(010129)

Entidad emisora

Fecha

2024-12-06

Título

Tema: Impuestos Ambientales.

Subtítulo

Descriptor: Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para. envasar, embalar o empacar bienes.

Concepto 1136 [010129]

06-12-2024

DIAN

100208192 – 1136

Bogotá, D.C.

Tema:	Impuestos Ambientales.
Descriptores:	Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.
Fuentes formales:	Artículos 50, 51 y 52 de la Ley 2277 de 2022.

Cordial saludo,

1. Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN¹. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019².

2. En el radicado de la referencia, el peticionario consulta lo siguiente:

“(…) solicito se dé una respuesta de fondo a los problemas jurídicos planteados que corresponden a los que se plantean a continuación:

1. ¿Teniendo en cuenta que las bombas, válvulas e (sic) otros mecanismos de dispensación no son envases plásticos de un solo uso, pero pueden ser adquiridas por un productor de envases plásticos de un solo uso como componente o insumo utilizado en la fabricación, ensamble o manufactura de los envases que vende (envases con bomba, válvula u otro mecanismo de dispensación), se causa el impuesto en cabeza del fabricante de las bombas, válvulas u otros mecanismos de dispensación al momento de la venta al productor de envases plásticos de un solo uso?

2. ¿Al ser las bombas, válvulas y otros mecanismos de dispensación insumos o componentes utilizados para la fabricación, ensamble o remanufactura de envases plásticos de un solo uso que vende el productor como un todo (envase con bomba, válvula u otro mecanismos de dispensación), debe incluir dentro de la base gravable del impuesto el peso en gramos de las bombas, válvulas u otros mecanismos de dispensación?”.

3. Teniendo en cuenta lo planteado en su consulta, resulta oportuno citar los siguientes apartes del Concepto 000641 - int - 91 de 20 de enero de 2023, que se pronuncia acerca de quiénes son los contribuyentes del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, e igualmente acerca de sus características, señalando que se trata de un impuesto monofásico de primera etapa, así:

“(...) 1. ¿El Impuesto se caracteriza por ser indirecto, de causación instantánea y monofásico?

El Impuesto se caracteriza por ser:

Indirecto, en la medida que grava la venta o importación de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. El Impuesto no evalúa directamente la capacidad contributiva del sujeto pasivo y responsable ni está en función de su ingreso o propiedad (cfr. Sentencias C-209 de 2016, M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, y C-593 de 2019, M.P. CRISTINA PARDO SCHLESINGER, de la Corte Constitucional).

De causación instantánea, por cuanto «se causa de manera simultanea [sic] a la realización del hecho imponible» (énfasis propio) (cfr. Sentencia C-1006 de 2003 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA), tal y como se desprende de la lectura de los incisos 2 y 3 del artículo 51 de la Ley 2277 de 2022.

Monofásico de primera etapa, pues sólo se causa en (i) la venta o el retiro para consumo efectuados por el productor, o (ii) la importación para consumo propio.

1.1. ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto?

Son contribuyentes del Impuesto los productores o importadores, según el caso, de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, quienes -a la par- fungen como responsables del mismo, tal y como lo prevé el inciso 4 del artículo 51 de la Ley 2277 de 2022.

1.2. ¿Cómo puede ser monofásico el Impuesto cuando el artículo 51 de la Ley 2277 de 2022 establece diferentes escenarios de causación?

Es cierto que el artículo 51 en comento establece diferentes escenarios en los cuales se puede causar el Impuesto; sin embargo, estos son excluyentes entre sí, es decir, cuando se causa el Impuesto en un escenario no se causa en el otro.

Consecuentemente, sobre el mismo producto plástico de un solo uso gravado, sólo se verifica el Impuesto una única vez, como se explica a continuación:

Habiéndose causado en la importación, esto es, en la fecha en que se nacionalice el producto plástico de un solo uso, el Impuesto no se causa nuevamente en las posteriores operaciones que se lleven a cabo, ya sea venta o retiro para consumo, toda vez que -en el caso de éstas últimas- no interviene su productor.
Habiéndose causado en la venta efectuada por el productor, el Impuesto no se causa nuevamente en las posteriores operaciones que se lleven a cabo, ya sea otra venta o retiro para consumo, toda vez que -en el caso de éstas últimas- no interviene su productor.
Habiéndose causado en el retiro para consumo realizado por el productor, es de colegir que el producto plástico de un solo uso no puede ser objeto de una posterior venta o de un nuevo retiro para consumo, tal y como se desprende de lo explicado en el punto #3.4 de este pronunciamiento. (...)”

4. Por lo tanto, en relación con su primer interrogante se colige que, en la adquisición de mecanismos de dispensación que no sean productos plásticos de un solo uso, no se causa el impuesto, pues se trata de una circunstancia que no se enmarca en el hecho generador, el cual consiste en la venta o retiro para consumo propio del productor, o en la importación para consumo propio, del producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar o empacar bienes. Al respecto, el artículo 51 de la Ley 2277 de 2022, en sus incisos segundo y tercero dispone que:

“(...) El hecho generador del impuesto es la venta, el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio, de los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.

El impuesto se causará en las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice el bien (...)”

5. Como se ve, en el ejemplo propuesto en su consulta, el fabricante del mecanismo de dispensación no produce ni vende un producto plástico de un solo uso, pues se limita a fabricar y comercializar un componente que tiene la potencialidad de ser incorporado a un producto plástico de un solo uso (utilizado para envasar, embalar o empacar bienes), por un sujeto diferente, en una etapa productiva posterior. Siendo así, el fabricante del mecanismo de dispensación no ostenta la calidad de sujeto pasivo del impuesto, el cual está señalado en el artículo 51 ibidem, que indica que «(…) El sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor o importador, según corresponda (…)» y que además se define en el artículo 50 ibidem, así:

“(...) c) Productor y/o importador de productos plásticos de un solo uso: persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, cumpla con alguna de las siguientes características:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso.

2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano, que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. (…)”

6. Claro está, lo anteriormente señalado, se considera en el entendido de que el mecanismo de dispensación, o componente que tiene la potencialidad de ser incorporado en la fabricación, ensamblaje o remanufactura, no sea, en sí mismo, un producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar o empacar bienes, pues de lo contrario, debe verificarse en cada caso puntual por el interesado, si se dan los supuestos necesarios para que se configure el hecho generador del impuesto.

7. De otra parte, se considera oportuno traer a colación el siguiente fragmento del Concepto 000641 - int - 91 de 20 de enero de 2023, antes citado, en lo que se refiere a la causación del impuesto cuando el producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar o empacar bienes, está compuesto adicionalmente por otros materiales, así:

“(…) 7.1. ¿Se causa el Impuesto cuando el producto plástico de un solo uso (utilizado para envasar, embalar o empacar bienes) está compuesto por otros materiales (e.g. cartón, aluminio, papel)?

El Impuesto recae sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes sin que, para el efecto, sea necesario que tales productos estén compuestos 100% de plástico, tal y como se desprende de los literales a), b) y d) del artículo 50 de la Ley 2277 de 2022.

En efecto, el referido literal a) -por sobre todo- define el plástico como un «material compuesto por un polímero, al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias, y que puede funcionar como principal componente estructural de los productos finales, con excepción de los polímeros naturales que no han sido modificados químicamente» (énfasis propio)”.

8. En consecuencia, frente a su segundo interrogante, encontramos que el impuesto recae sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, los cuales, como productos finales, pueden incorporar componentes adicionales al plástico, tales como, en este caso, los mecanismos de dispensación señalados. Por ende, la base gravable se debe calcular sobre el producto plástico de un solo uso, en su totalidad, sin distinguir individualmente sus componentes, para lo cual es preciso citar el inciso quinto del artículo 51 de la Ley 2277 de 2022, que dispone:

“(…) La base gravable del impuesto es el peso en gramos del envase, embalaje o empaque de plástico de un solo uso (…)”

9. En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

Atentamente,

INGRID CASTAÑEDA CEPEDA

Subdirectora de Normativa y Doctrina (A)

Dirección de Gestión Jurídica

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Notas al pie

↑ De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
↑ De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

Concepto 0432

maria.pilar — Fri, 17 Jan 2025 16:31:41 +0000

Concepto 0432

Tipo de norma

maria.pilar Vie, 17/01/2025 - 11:31

Número

0432

Entidad emisora

Fecha

2024-11-18

Título

Registro de los Activos Fijos

Archivo

CONCEPTO 0432.pdf281.36 KB

Concepto 0420

maria.pilar — Thu, 16 Jan 2025 21:48:37 +0000

Concepto 0420

Tipo de norma

Contaduría General de la Nación

maria.pilar Jue, 16/01/2025 - 16:48

Número

0420

Entidad emisora

Fecha

2024-11-08

Título

Cambio en inversión por pérdida de control

Archivo

CONCEPTO 0420.pdf200.3 KB

Concepto 1150(010223)

maria.pilar — Thu, 16 Jan 2025 21:39:59 +0000

Concepto 1150(010223)

Tipo de norma

maria.pilar Jue, 16/01/2025 - 16:39

Número

1150(010223)

Entidad emisora

Fecha

2024-11-10

Título

Tema: Renta

Subtítulo

Descriptor: Incentivos tributarios Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

CONCEPTO 1150 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2024

Tema: Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Descriptores: Incentivos tributarios Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

Fuentes formales: Arts. 235, 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016.

Arts. 1.2.1.23.1.1, 1.2.1.23.1.2 y 1.2.1.23.1.5. del Decreto 1625 de 2016.

Cordial saludo,

Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN¹. En este sentido, la doctrina emitida será de carácter general, no se referirá a asuntos particulares y se someterá a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019².

En el radicado de la referencia, el peticionario consulta lo siguiente:

“(…) 1. Solicito se me formule la interpretación de su entidad respecto de la definición de empleo directo contenida en el artículo 1.2.1.23.1.1. Definiciones del decreto 1650 de 2017, en el sentido en el que si después de cumplir con los mínimos de contratación exigidas por el decreto se pueden implementar otras formas de contratación, como lo es la prestación de servicios.

Solicito se me informe si en el caso de ser posible contratar mediante prestación de servicios, pueden los contratistas prestar servicios desde un lugar diferente al municipio ZOMAC, dada la inexistencia de vínculo laboral con la sociedad que se acoja al beneficio de la ley, aclarando que el personal contratado mediante contrato laboral se encuentre prestando el servicio de manera personal en el municipio ZOMAC.

Solicito se me formule la interpretación de su entidad respecto del artículo 1.2.1.23.1.5. Generación de empleo del decreto 1650 de 2017, informando si si (Sic) los empleos generados, se deben contratar directamente con personas que vivan en el municipio ZOMAC, o si se puede contratar personal de otro lugar de la región, para que presten servicios laborales en el municipio ZOMAC.

Solicito se me formule la interpretación de su entidad respecto de la definición de Monto mínimo de generación de empleo contenida en el artículo 1.2.1.23.1.1. Definiciones del decreto 1650 de 2017, informando si es posible o no contratar personal de la misma región o de otras regiones, después de cumplir con los mínimos de contratación laboral establecidos en el anexo del decreto para cada actividad económica, haciendo la claridad de que serían contratados para laborar en el municipio ZOMAC.”

Teniendo en cuenta lo planteado en su consulta, resulta oportuno citar los siguientes apartes del Concepto 005207 int 605 del 30 de julio de 2024, el cual se pronunció acerca de la generación de empleo en el territorio ZOMAC como requisito para el beneficio fiscal, y la posibilidad de vincular personal que resida en otros territorios, así:

“(…) La generación de empleo en el territorio ZOMAC es requisito para el beneficio fiscal. Esto implica, que la oferta laboral deba estar principalmente dirigida a sus residentes, sin que sea forzosa la residencia de los empleados de las sociedades ZOMAC en dicho territorio. Lo anterior, siempre que la sociedad cumpla en debida forma con la vinculación laboral de su personal.

(…)

FUNDAMENTACIÓN

El artículo 235 de la Ley 1918 de 2016 indica que, una de las finalidades para la creación de los incentivos tributarios en las ZOMAC fue la creación de empleo en estas partes del territorio, todo en búsqueda de cerrar la brecha económica y social existente entre ellas y el resto del país. Por su parte, el articulo (sic) 236 de la norma en cita señala que las sociedades deberán tener su domicilio principal, así como desarrollar toda su actividad económica en las ZOMAC.

Ahora bien, el artículo 1.2.1.23.1.1 del Decreto 1625 de 2016 define empleo directo como:

“Empleo directo: Es aquel que se genera cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario, vincula personal a través de contratos laborales desde el 29 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, en la cantidad indicada en el Anexo No. 3 del presente decreto.” (énfasis propio)

Además, el artículo en mención dispone el monto mínimo de generación de empleo, como:

“Monto mínimo de generación de empleo: Es la cantidad mínima de empleo directo que debe generar la sociedad beneficiaria del incentivo tributario para cerrar las brechas de desigualdad socio-económica en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, relacionado con la actividad económica en las condiciones establecidas en los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016.” (énfasis propio)

En ese sentido, una interpretación integral y sistemática de las normas citadas permite concluir que la finalidad del régimen tributario especial ZOMAC, desde su concepción, ha sido generar empleo dentro de los municipios declarados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado. Esto implica que las ofertas laborales estén principalmente dirigidas a sus residentes sin que se limite la posibilidad de que su personal resida en otros territorios, siempre que se encuentren debidamente vinculados laboralmente, lo que garantiza que el desempeño de sus funciones sea ejercido dentro o desde las ZOMAC.

Téngase en cuenta que, tal como lo ha explicado esta entidad “todas las actividades desarrolladas por las empresas beneficiarias del régimen ZOMAC deben ejecutarse dentro de estos entes territoriales, en los términos señalados en la Ley y en su reglamento”.

Por lo cual, “no es factible que una empresa calificada como ZOMAC pueda implementar el modelo del teletrabajo empleando para el efecto mano de obra residente en otros municipios distintos al lugar en donde la persona jurídica beneficiaria de este régimen de tributación se encuentre domiciliada” situación que ineludiblemente implica que la prestación de los servicios de los empleados de las sociedades ZOMAC deba ser efectuada en el territorio calificado como tal, sin que de ninguna manera se pueda limitar su residencia en otro lugar (…)” (énfasis propio)

Frente a esta doctrina vale la pena precisar que aunque no se limita la posibilidad de que su personal contratado resida en otros territorios, la ejecución de las labores si debe darse en su totalidad dentro de las ZOMAC, esto en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.23.1.2. del Decreto 1625 de 2016 que establece:

“ARTÍCULO 1.2.1.23.1.2. DESARROLLO DE TODA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Se entiende que el contribuyente desarrolla toda la actividad económica en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), cuando la actividad económica se realiza dentro de los municipios declarados como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).”

Sobre la posibilidad de implementar otras formas de contratación, como lo es la prestación de servicios luego de cumplir con los mínimos de contratación exigidas por el decreto, el artículo 1.2.1.23.1.1. del Decreto 1625 de 2016 señala:

“ARTÍCULO 1.2.1.23.1.1. DEFINICIONES. <Artículo adicionado por el artículo 2 del Decreto 1650 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo dispuesto en los artículos 235 a 237 de la Ley 1819 de 2016, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(…)

EMPLEO DIRECTO: Es aquel que se genera cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario, vincula personal a través de contratos laborales desde el 29 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, en la cantidad indicada en el Anexo No. 3 del presente decreto.” (énfasis propio)

Esta definición debe interpretarse en armonía con la definición de monto mínimo de generación de empleo. El término mínimo según la definición de la RAE es el “Límite inferior, o extremo a que se puede reducir algo” al interpretarse con el requisito de empleo hace necesario revisar la cantidad indicada en el anexo 3, para verificar si se cumple con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento en cada periodo gravable a que haya lugar. Una vez se verifique su cumplimiento, es posible acudir a otras formas de contratación porque no hay en la normatividad un impedimento en ese sentido.

De igual manera, es pertinente traer a colación lo expresado en el Oficio 008911 del 12 de abril de 2019, que se refirió al marco normativo en donde se establecen las condiciones para acceder al Régimen de Tributación Especial de las nuevas empresas que inicien actividades en las ZOMAC, incluyendo la definición sobre lo que se debe entender por

«desarrollo de toda la actividad económica en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC» en las actividades industriales o agropecuarias, de servicios y de comercio, así:

“(…) Por su parte el artículo 237 de la Ley 1891(sic) de 2016, prescribe lo siguiente:

“Las nuevas sociedades, que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que tangan (sic) domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las -ZOMAC- y que cumplan los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que defina el Gobierno Nacional, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación.”

(…)

Definiciones legales.

Microempresa cuyos activos totales no se superan los 501 salarios ¿+mínimos (sic) legales vigentes; Pequeña empresa cuyos activos totales son superiores a 501 e inferiores a 5001 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Mediana empresa los activos son superiores a 5001 e inferiores a 15000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Grandes empresas, aquellas cuyos activos totales son iguales o superiores a 15000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Artículo 236 de la Ley 1819 de 2016).

Mediante el Decreto 1650 de 2017, se adiciona un artículo a la Parte 1 del libro 1; la Sección 1 al Capítulo 23 del Título 1 de la Parte 2 del libro 1 y los Anexos No. 2 y 3, al Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar los artículos 236 y 237 de la ley 1819 de 2016, se elaboran definiciones que permiten su implementación y que de manera sintética se enuncia a continuación:

Actividad económica principal: Es aquella desarrollada en su totalidad dentro de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC - en los términos del artículo 237 de la Ley 1819 de 2016, y que le genera al contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario la mayor cantidad de ingresos en el periodo gravable.

Desarrollo de toda la actividad económica: Cuando la totalidad de la actividad económica se desarrolla dentro de los municipios declarados como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

Empleo directo: Es aquel que se genera cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario, vincula personal a través de contratos laborales desde el 29 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, en la cantidad indicada en el Anexo No. 3 del presente decreto.

Monto mínimo de generación de empleo: Es la cantidad mínima de empleo directo que debe generar la sociedad beneficiaria del incentivo tributario para cerrar las brechas de desigualdad socio-económica en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

Inversión: Es el monto mínimo de propiedad, planta, equipo e inventario utilizado en las actividades económicas generadoras de renta, que haya sido adquirido bajo cualquier modalidad con posterioridad al 29 de diciembre de 2016 y que haga parte del patrimonio bruto de las nuevas sociedades que inicien actividades en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado ZOMAC, cuya ubicación física se encuentre dentro de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, durante el término de vigencia del régimen de tributación. Lo anterior sin perjuicio de que por la naturaleza el bien se movilice por fuera de las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC.

Actividades industriales o agropecuarias: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo desarrolla todo su proceso productivo en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC y los productos resultantes son vendidos y despachados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, o hacia otras partes del país o del exterior.

Servicio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario opere y/o preste los servicios dentro y desde las Zonas más Afectadas por el conflicto Armado - ZOMAC, hacia otras partes del país del exterior.

Comercio: Cuando la sociedad beneficiaria del incentivo tributario desarrolle toda su actividad comercial en las Zonas más Afectadas por el conflicto Armado - ZOMAC, en todo caso los productos podrán ser vendidos y despachados en las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, o vendidos y despachados hacia otras partes del país o del exterior (…)”

Finalmente, atendiendo al marco jurídico previamente señalado, es oportuno transcribir el siguiente fragmento del Oficio 007326 del 28 de marzo de 2019, por ser aplicable al caso:

“(…) En el caso en concreto, teniendo en consideración el marco normativo referido anteriormente en donde se establecen las condiciones para acceder al Régimen de Tributación Especial de las nuevas empresas que inicien actividades en las ZOMAC, corresponde al contribuyente bajo su entera responsabilidad hacer un juicio de valor estricto e integral de los hechos económicos desde la perspectiva geográfica, temporal, inversión, empleo, actividad económica, como aparece definido en los textos normativos, y de esta forma definir si cumple todas las condiciones exigidas por el legislador para pertenecer al régimen (…)” (énfasis propio)

Así las cosas, se aclara el concepto 005207 int 605 del 30 de julio de 2024 en el sentido de señalar que si bien no se limita la posibilidad de que el personal contratado resida en otros territorios, la ejecución de las labores si debe darse en su totalidad dentro de las ZOMAC.

En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

Atentamente,

(Fdo.) INGRID CASTAÑEDA CEPEDA, Subdirectora de Normativa y Doctrina (A)

Dirección de Gestión Jurídica

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Dirección: Cra. 8 # 6C-38 Edificio San Agustín - Piso 4

Bogotá, D.C.

www.dian.gov.co

Concepto 0325

maria.pilar — Thu, 16 Jan 2025 12:56:58 +0000

Concepto 0325

Tipo de norma

maria.pilar Jue, 16/01/2025 - 07:56

Número

0325

Entidad emisora

Fecha

2024-11-12

Título

Descuentos condicionados – Inventarios

Concepto 0325

12-11-2024

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA:
No. del Radicado	1-2024-029816
Fecha de Radicado	12 de agosto de 2024
Nº de Radicación CTCP	2024-0325
Tema	Descuentos condicionados – Inventarios

CONSULTA (TEXTUAL)

“En concepto 2019-0283 se menciona el tratamiento contable de los descuentos condicionados, sobre este hago la siguiente consulta de precisión en la técnica contable y disculpen si es obvio, pero necesito claridad sobre el tema

Tomado del concepto 2019-0283 “El registro del descuento, rebaja, regalo, bonificación, premio o como se denomine comercialmente, deberá reconocerse teniendo en cuenta la transacción que la originó. Si el dinero o descuento recibido proviene de una relación contractual, esta no se reconoce como un ingreso, sino como un menor valor del costo del servicio contratado o producto adquirido. Si el dinero recibido corresponde a un contrato firmado para varios periodos contables, entonces deberá reconocerse un pasivo no financiero por la parte correspondiente a los periodos futuros donde dicho descuento no ha sido aplicado” (Tomado del concepto 2019-0283).

Sobre lo anterior, cuando se trata de bonificaciones por volumen y que abarca un diversidad de productos, es procedente hacer el registro contable directamente sobre la cuenta 6-COSTOS (uso la nomenclatura de PUC) como un movimiento crédito?. O necesariamente el registro contable debe hacerse sobre la cuenta 1435-INVENTARIO movimiento crédito y posteriormente por costeo afectar la cuenta 6-COSTOS, lo cual operativamente es complejo, porque abarca una diversidad de productos.

O, técnicamente, cual puede ser la recomendación para que estos registros cumplan con la normatividad contable?

RESUMEN

El descuento condicionado (bonificación por volumen) recibido al momento de la compra debe registrarse como un menor valor del costo del inventario. Sin embargo, si la bonificación se recibe después de que el inventario ya ha sido reconocido, es necesario identificar qué parte de la bonificación corresponde a productos que aún están en inventario y qué parte ha sido llevada al costo de ventas. Esto permitirá definir la cuenta a la que debe aplicarse el ajuste por el menor valor.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), en su calidad de organismo permanente de normalización técnica de Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y conforme a las disposiciones legales vigentes, principalmente las contempladas en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009 y los decretos que las desarrollan, procede a dar respuesta a la consulta de manera general, sin pretender resolver casos particulares, en los siguientes términos:

Primero que todo, es importante aclarar que el concepto 2019-0283 se enfoca en el tratamiento contable de bonificaciones por servicios y no necesariamente en el manejo de inventarios, como es el caso en la consulta actual. Por lo tanto, es fundamental distinguir que la inquietud del peticionario se refiere específicamente al manejo de bonificaciones por volumen en inventario.

Por otro lado, cabe señalar que, con la emisión de los decretos que ponen en vigencia los estándares de información financiera en Colombia, el tratamiento contable debe realizarse conforme al marco técnico normativo aplicable a la entidad. En este sentido, el DUR 2420 de 2015 establece:

NIC 2 – Grupo 1 Anexo 1 D.U.R. 2420 de 2015

Sección 13 – Grupo 2 Anexo 2 D.U.R. 2420 de 2015

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. (...)

Destacado fuera de texto

13.6 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. (...)

Destacado fuera de texto

Cuando la norma se refiere a “otras partidas similares”, puede interpretarse que incluye las bonificaciones por volumen las cuales se deducen para determinar el costo de adquisición.

Por lo tanto, si la bonificación por volumen se recibe en el momento de la compra, debe registrarse como un menor valor del costo del inventario. Sin embargo, si la bonificación se recibe después de que el inventario ya ha sido reconocido, es necesario identificar qué parte de esa bonificación corresponde a productos aún en inventario y qué parte ha sido llevada al costo de ventas, a fin de determinar la cuenta en la que debe realizarse el ajuste por menor valor.

Finalmente, es de precisar que el costo del producto destinado a la venta deberá reflejar el valor neto de la compra. Este enfoque toma en cuenta tanto las condiciones contractuales como las prácticas comerciales del sector, en línea con las directrices de las NIIF sobre reconocimiento, medición, presentación y revelación de los inventarios.

En los términos expuestos, se absuelve la consulta, señalando que este organismo se ha basado exclusivamente en la información proporcionada por el peticionario. Los efectos de este concepto se encuentran enunciados en el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011.

Cordialmente,

SANDRA CONSUELO MUÑOZ MORENO

Consejera

Concepto 1(000011)

maria.pilar — Thu, 16 Jan 2025 12:54:02 +0000

Concepto 1(000011)

Tipo de norma

maria.pilar Jue, 16/01/2025 - 07:54

Número

1(000011)

Entidad emisora

Fecha

2025-01-02

Título

Tema: Renta

Subtítulo

Descriptor: Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. Deducciones. Medidas preventivas.

Concepto 1 [000011]

02-01-2025

DIAN

100208192 – 1

Bogotá, D.C.

Ref.: Radicado No. 000949 - 2024DP000235431 del 03/10/2024.

Tema:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Descriptores:

Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente.

Deducciones.

Medidas preventivas.

Fuentes formales:

Artículos 336, 387 y 837 del Estatuto Tributario.

Artículo 594 del Código General del Proceso.

Cordial saludo, señor Gómez:

1. Esta Subdirección está facultada para absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de la DIAN¹. En este sentido, la doctrina emitida es de carácter general, no se refiere a asuntos particulares y se somete a lo consagrado en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019².

2. A continuación, se enuncian los problemas jurídicos identificados, los cuales se resolverán cada uno a su turno:

Problema Jurídico #1:

3. ¿Es procedente la aplicación de medidas cautelares sobre los animales de compañía de propiedad del deudor, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias que sean objeto de cobro por parte de la DIAN?

Tesis Jurídica #1:

4. No es procedente la aplicación de medidas cautelares sobre los animales de compañía o mascotas del deudor, incluyendo, las medidas preventivas de embargo y secuestro.

Fundamentación:

5. Frente al problema jurídico planteado, esta subdirección abordará el mismo desde la perspectiva legal y constitucional de la protección a los animales y, en especial, de los animales de compañía.

6. Así, la Corte Constitucional ha destacado, desde sus primeros pronunciamientos (como la Sentencia T-035 de 1997), la relevancia de proteger a los animales con base en los artículos 8 (diversidad biológica) y 79 (derecho a un ambiente sano) de la Constitución. Sin embargo, su línea jurisprudencial sobre el mandato de protección animal y la correlativa prohibición de maltrato comenzó a afianzarse con las sentencias T-760 de 2007 y C-666 de 2010, en las que se definió el lugar de los animales en el orden constitucional.

7. En la Sentencia T-760 de 2007, la Corte Constitucional revisó el caso de la lora “Rebeca”, un ave silvestre que una familia mantenía como mascota y que fue incautada por la Policía. El alto tribunal avaló la incautación y subrayó la importancia de las condiciones especiales de tenencia de animales silvestres y de brindarles un trato digno, conforme a la Constitución ecológica. También recordó la necesidad de distinguir entre animales domésticos y silvestres para garantizar su bienestar.

8. La Sentencia C-666 de 2010 analizó las excepciones a la prohibición de maltrato animal en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, relativas a prácticas tradicionales como las corridas de toros, las riñas de gallos, las corralejas y el coleo. La Corte Constitucional delimitó el alcance del mandato de protección y estableció medidas para eliminar gradualmente el maltrato, a través de la figura de exequibilidad condicionada. Asimismo, precisó que la Constitución no puede concebirse como un pacto meramente antropocéntrico y que la función social y ecológica de la propiedad, junto con la Constitución ecológica, fundamentan la protección de los animales.

9. Luego, en la Sentencia C-283 de 2014, la Corte Constitucional avaló la prohibición de utilizar animales silvestres en circos, tras evidenciar el impacto negativo que el encierro y las actividades circenses pueden tener en su bienestar, además de resaltar la necesidad de preservar la seguridad pública y combatir el tráfico ilegal de especies.

10. La Ley 1774 de 2016 marcó un avance significativo al reconocer a los animales como seres sintientes y fortalecer los principios de bienestar y prohibición de maltrato. Esta normativa endureció las sanciones al maltrato y, en el ámbito penal, introdujo la figura de “grave menoscabo” para distinguir entre infracciones contravencionales y delitos, en los términos de la Sentencia C-041 de 2017. En la misma decisión, la Corte Constitucional revisó las excepciones contenidas en el parágrafo 3 del artículo 7 de la Ley 1774, equiparables a las del artículo 7 de la Ley 84 de 1989. Inicialmente fueron declaradas inexequibles, pero finalmente se adoptó la validez condicionada (Sentencia C-133 de 2019), retomando los criterios de la Sentencia C-666 de 2010.

11. Sobre este punto, se resalta que la Ley 1774 de 2016³, al modificar el artículo 655 del Código Civil, incluyó el reconocimiento de la calidad de seres sintientes a los animales⁴, a la par que, en su artículo 3, estableció los principios de protección al animal, bienestar animal y solidaridad social, así:

“Artículo 3. Principios.

a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así cama <sic> de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurara coma mínima:

1. Que no sufran hambre ni sed,

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;

c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.” (énfasis propio)

12. A la luz de lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-467 de 2016⁵, indicó que, pese a que la definición de bienes incluye en principio a los animales, no se debe perder de vista que en las operaciones jurídicas en que estos se encuentran inmersos, deben respetarse los estándares de bienestar animal antes descritos⁶.

13. Recientemente y en relación directa con la pregunta presentada por el peticionario, en la Sentencia C-408 del 2024⁷, la Corte analizó los cargos de inconstitucionalidad propuestos frente al artículo 594 del Código General del Proceso. En esta medida, se decidió condicionar la exequibilidad de dicha norma, en el entendido de que la lista de bienes inembargables allí contenida incluye también a los animales de compañía⁸, en virtud de lo cual, resaltamos algunas de las consideraciones expuestas por la Corte, así:

“(…) la Corte abordó el deber de protección animal a partir del principio de la dignidad humana y explicó que la tenencia de mascotas hace parte de la garantía de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad familiar y personal. Adicionalmente, la Sala Plena recordó que los animales solo están sometidos al régimen jurídico de los bienes cuando: (i) las disposiciones que lo componen no son incompatibles con su carácter de seres sintientes o con el deber de protegerlos y (ii) no existen normas especiales destinadas a regular las relaciones jurídicas en las que ellos puedan estar implicados.

En segundo lugar, la Corte definió el concepto de animales de compañía como aquellos que son domésticos y (i) que generan relaciones emocionales y de mutuo apoyo con los seres humanos; (ii) sobre los que no media interés exclusivo de aprovechamiento económico, y (iii) que dependen de los seres humanos para su alimentación y cuidado. Para la Corte, los animales que hacen parte de la fauna silvestre no pueden ser considerados como animales de compañía. (...)”

14. Así, la Sentencia C-408 de 2024 dio un paso más en el reconocimiento de los animales al declarar que el artículo 594 del Código General del Proceso, sobre bienes inembargables, comprende también a los animales de compañía. La Corte Constitucional no sólo los definió como aquellos seres domésticos que establecen vínculos de afecto y dependen de los seres humanos para su cuidado, sino que además señaló que sólo se les aplica el régimen jurídico de bienes cuando no entra en conflicto con su naturaleza de seres sintientes ni con la protección constitucional que merecen.

15. Por su parte, el artículo 837 del Estatuto Tributario contempla la posibilidad de que, en aquellas obligaciones cuyo cobro sea competencia de la DIAN, el funcionario pueda decretar el embargo y secuestro preventivo sobre los bienes que se hayan establecido como de propiedad del deudor⁹. Sin embargo, acorde con la línea jurisprudencial previamente citada, y acudiendo a las reglas de interpretación doctrinal, en particular la contenida en el artículo 30 del Código Civil¹⁰, en virtud de la cual es posible acudir al contexto de la ley, y a la ilustración de otras normas para garantizar una adecuada correspondencia y armonía, se concluye que no es procedente la aplicación de medidas cautelares sobre los animales de compañía o mascotas del deudor, lo cual incluye tanto las medidas preventivas de embargo como de secuestro.

16. Lo anterior, dado que los argumentos esbozados por la Corte, tales como el deber de protección animal, el respecto a la dignidad humana y la garantía del libre desarrollo de la personalidad y la intimidad familiar y personal, también se pueden predicar respecto de otras medidas cautelares diferentes al embargo, como sucede con la medida preventiva de secuestro, más aún, atendiendo a que en el análisis hecho por la Corte, esta se refiere a que no procede el régimen general de bienes frente a los animales cuando contraviene su carácter de seres sintientes y el deber de protección.

17. Además, considerando los principios anteriormente enunciados, consistentes en la protección al animal, bienestar animal y solidaridad social, dicha interpretación es armónica, pues se enmarca en la prevención del sufrimiento y el abandono del animal de compañía, en tanto a la potencial separación de los seres humanos con los cuales ostentan el vínculo emocional, y de quienes reciben alimentación y cuidado; así como se evita el sometimiento a condiciones de miedo o estrés, que potencialmente pueden suscitarse al aplicar tales medidas preventivas sobre los animales de compañía.

18. Así las cosas, y de acuerdo con la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta subdirección concluye que no es procedente la aplicación de medidas cautelares sobre los animales de compañía o mascotas del deudor, incluyendo, las medidas preventivas de embargo y secuestro.

Problema Jurídico #2:

19. ¿Es posible incluir a los animales de compañía del contribuyente en la definición de «dependientes», para efectos de las deducciones establecidas en los artículos 336 y 387 del Estatuto Tributario?

Tesis Jurídica #2:

20. No. La definición del término «dependientes», para efectos de las deducciones contempladas por dicho concepto, no incluye a los animales de compañía o mascotas de los contribuyentes.

Fundamentación:

21. Al respecto, resulta oportuno citar el siguiente aparte del Concepto 011383 int 433 del 11 de junio de 2024, en el cual se indica el alcance del término «dependiente», para efectos de la procedencia de las deducciones por dicho concepto, contenidas en los artículos 336 y 387 del Estatuto Tributario, así:

“(…) A falta de cualquier definición legal en otro sentido, por «dependiente» -para efectos de lo consultado- ha de entenderse lo señalado en el parágrafo 2 del citado artículo 387 (…)”

22. Por su parte, el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, al cual se refiere el concepto citado, señala que:

“(…) Parágrafo 2. Definición de dependientes. Para propósitos de este artículo tendrán la calidad de dependientes:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.

2. <Numeral modificado por el artículo 2 de la Ley 2411 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 25 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3. <Numeral modificado por el artículo 2 de la Ley 2411 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia, originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad determinada por las normas vigentes.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y,

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas 01sesenta (sic) (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. (…)”

23. Como se observa, el legislador ha dispuesto de forma expresa que los dependientes sobre los cuales es posible tomar la deducción son los hijos, el cónyuge o compañero permanente, y los padres y hermanos del contribuyente. Lo anterior, siempre que se cumplan las condiciones señaladas en la norma citada. Por ende, es preciso acudir a la regla de interpretación doctrinal contemplada en el artículo 27 del Código Civil, que establece que «[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu (...)», y, en consecuencia, se concluye que la definición del término «dependiente» no incluye a los animales de compañía del contribuyente.

24. En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

Atentamente,

Julián Arturo Niño Mejía

Subdirector de Normativa y Doctrina (e)

Dirección de Gestión Jurídica

U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Notas al pie

↑ De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
↑ De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
↑ Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones.
↑ Cfr. Artículo 2 de la Ley 1714 de 2016.
↑ Corte Constitucional. Sentencia C-467 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
↑ Cfr. Ibidem.
↑ Según Comunicado de Prensa No. 43 del 25 de septiembre de 2024 <Disponible el 9 de octubre de 2024>. Sentencia C- 408 de 2024. Magistrado Ponente: Natalia Ángel Cabo. Expediente D-15524.
↑ Cfr. Ibidem.
↑ Cfr. Artículo 837 del Estatuto Tributario.
↑ Artículo 30. <Interpretación por contexto>. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Concepto 1142(010213)

maria.pilar — Thu, 16 Jan 2025 12:52:02 +0000

Concepto 1142(010213)

Tipo de norma

maria.pilar Jue, 16/01/2025 - 07:52

Número

1142(010213)

Entidad emisora

Fecha

2024-12-09

Título

Tema: Gravamen a los movimientos financieros GMF

Subtítulo

Descriptor: Exenciones. Operaciones de factoring

Concepto 1142 [010213]

09-12-2024

DIAN

100208192 - 1142

Bogotá, D.C.

Tema:

Gravamen a los movimientos financieros GMF

Descriptores:

Exenciones

Operaciones de factoring

Fuentes formales:

Numeral 21 del artículo 879 del Estatuto Tributario

Oficio DIAN 027791 del 11 de octubre de 2017.

Cordial saludo,

2. Plantea una serie de inquietudes relacionadas con las operaciones de factoring de facturas electrónicas, de las cuales esta subdirección, dentro del ámbito de la competencia mencionada, dará respuesta a la pregunta número 4 en lo que concierne al gravamen de los movimientos financieros GMF. El resto de las interrogantes fueron resueltos por la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro del marco de su competencia.

3. Solicita se informe si en las operaciones de factoring en las cuales el pagador asume el 100% del costo del descuento se encuentra cobijada con la exención del gravamen a los movimientos financieros contemplada en el numeral 21 del artículo 879 del Estatuto Tributario.

4. Al respecto, se considera:

5. Esta subdirección en el Oficio No. 027791 del 11 de octubre de 2017 se pronunció frente a la exención consagrada en el numeral 21 del artículo 879 del Estatuto Tributario, en los siguientes términos:

“De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 21 del artículo 879 del E.T. y en las disposiciones arriba transcritas, el beneficiario de la exención en las operaciones de factoring es el factor y recae, en la disposición de recursos efectuada, entre otros, por las sociedades o entidades cuyo objeto social principal sea este tipo de operaciones y no quedó limitada a las entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera y de la Economía Solidaria, ni supeditada a la clase de factoring (con recurso o sin recurso).

El consultante igualmente pregunta si se causa el GMF en el evento de que el desembolso de una operación de factoring no se deposite a favor del cliente, sino que se utilice para cancelar una cuota de crédito en la misma entidad financiera.

Respecto al procedimiento para hacer efectiva la exención, el inciso 3° del artículo 879 del Estatuto Tributario, es claro en señalar que “El giro de los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: “Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario. “En el evento de levantarse dicha restricción, se causará el gravamen a los movimientos financieros en cabeza de la persona que enajena sus facturas o cartera al fondo al fondo (sic) de inversión colectiva o patrimonio autónomo o el cliente de la sociedad o de la entidad”. (Resaltado fuera de texto)

6. En este sentido, es claro que la operación que se encuentra cobijada con la exención del gravamen a los movimientos financieros es el giro de recursos que realiza el factor, siendo este sujeto el beneficiario de dicha exención y que la manera en que se pacte la operación del factoring no determina la procedencia o no de la exención.

7. Así las cosas, indistintamente de la manera en que se realice la operación de factoring o la forma en que se asuma el valor del descuento, si se cumplen con las condiciones previstas en el numeral 21 del artículo 879 del Estatuto Tributario para la procedencia de la exención, es decir que el giro de los recursos se realice solamente al beneficiario de dicha operación mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques con la restricción de consignar a la cuenta de ahorro o corriente del primer beneficiario, esta disposición de recursos se encontrará cobijada con la exención.

8. En los anteriores términos se absuelve su petición y se recuerda que la normativa, jurisprudencia y doctrina en materia tributaria, aduanera y de fiscalización cambiaria, en lo de competencia de esta Entidad, puede consultarse en el normograma DIAN: https://normograma.dian.gov.co/dian/.

Atentamente,

INGRID CASTAÑEDA CEPEDA

Subdirectora de Normativa y Doctrina (A)

Dirección de Gestión Jurídica

Notas al pie

↑ De conformidad con el numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7 de la Resolución DIAN 91 de 2021.
↑ De conformidad con el numeral 1 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020 y el artículo 7-1 de la Resolución DIAN 91 de 2021.

Concepto 0364

maria.pilar — Wed, 15 Jan 2025 16:13:31 +0000

Concepto 0364

Tipo de norma

maria.pilar Mié, 15/01/2025 - 11:13

Número

0364

Entidad emisora

Fecha

2024-11-06

Título

Capitalización de intereses – Grupo 2

Concepto 0364

06-11-2024

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Bogotá, D.C.,

REFERENCIA:
No. del Radicado	1-2024-034712 / 1-2024-038749
Fecha de Radicado	11 de septiembre de 2024
Nº de Radicación CTCP	2024-0364
Tema	Capitalización de intereses – Grupo 2

CONSULTA (TEXTUAL)

“Una entidad que supera los topes para considerarse pyme en cuanto a ingresos pero que no cuenta con la obligación de divulgar sus estados financieros al público ¿puede en su contabilidad llevar los intereses financieros que se han generado del financiamiento de la construcción de un activo fijo como mayor valor de dicho activo?; de ser así ¿a qué norma nos podemos remitir por favor?” (…)

RESUMEN:

(...) En conclusión, una entidad que este construyendo una propiedad, planta y equipo y que aplique los marcos técnicos normativos correspondientes al Grupo 2 (Anexo 2 – D.U.R. 2420 de 2015), no puede capitalizar los costos por préstamos (intereses financieros) como un mayor valor del activo. La entidad debe ceñirse a lo establecido en el párrafo 25.2 de la NIIF para las Pymes.

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO

Inicialmente, es preciso aclarar que los ingresos no son un criterio para clasificar una entidad en Grupo 2. Para orientar al consultante, se anexa un cuadro donde se pueden observar las condiciones que debe cumplir una entidad para clasificarse como Grupo 1, 2 o 3:

*Condición*	*Grupo 1*	*Grupo 2*	*Grupo 3*
Entidad que tenga valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).	X
Entidades y negocios de interés público (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).	X
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o activos totales superiores a 30.000 SMMLV y que sea subordinada o matriz de una entidad nacional que deba aplicar NIIF o de una entidad extranjera que aplique NIIF (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).	X
Entidades que tengan planta de personal superior a 200 trabajadores o activos totales superiores a 30.000 SMMLV y que realicen importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o ventas respectivamente (artículo 1.1.1.1 Decreto 2420 de 2015).	X
El Grupo 3 corresponde a las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, a quienes sin estar obligados a llevarla pretendan hacerla valer como prueba, y a las microempresas que se clasifiquen como tal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 13, del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo; siempre y cuando cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 1. No mantener inversiones en instrumentos de patrimonio en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas; 2. No estar obligados a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados; 3. No realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones; 4. No mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos; 5. No ser una cooperativa de ahorro y crédito, y 6. No obtener ingresos de •actividades ordinarias que superen los topes para microempresas de acuerdo al sector al que pertenezcan, conforme lo establecido en el Decreto 1074 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Articulo 1.1.3.1. DECRETO 1670 DE 2021			X
Entidades que no cumplan los requisitos anteriores		X

Ahora bien, en respuesta a una consulta similar, el CTCP emitió el concepto 2019-0425 sobre “Capitalización de intereses en el sector de la construcción Grupo 2”, en el que manifestó lo siguiente:

“Una entidad cuyo objeto social es la construcción de vivienda, con miras a su posterior venta, y que aplique el marco de información financiera para las entidades del Grupo 2, no puede capitalizar los costos de préstamos como mayor valor de los activos. La Sección 25 de este marco técnico (ver Anexo 2° del Decreto 2420 de 2015) indica que los costos de préstamos deben ser registrados como gastos en el estado de resultados.

Lo anterior no impide que una entidad del Grupo 2 pueda presentar información adicional en las notas a los estados financieros, en las que informe el valor que tendrían los activos y el patrimonio, si los costos financieros hubieran sido capitalizados, si esta información es relevante para los usuarios de los estados financieros.

Incluimos a continuación algunas referencias contenidas en los fundamentos de conclusiones de la NIIF para las PYMES, que pueden ser útiles para comprender las razones por las cuales una entidad del Grupo 2 no está habilitada para capitalizar los costos de préstamos como mayor valor de los activos.

(…)

El IASB destacó que una PYME puede revelar información adicional sobre sus préstamos o costos de desarrollo si lo considera relevante para los usuarios de sus estados financieros.

(…)”

En conclusión, una entidad que este construyendo una propiedad, planta y equipo y que aplique los marcos técnicos normativos correspondientes al Grupo 2 (Anexo 2 – D.U.R. 2420 de 2015), no puede capitalizar los costos por préstamos (intereses financieros) como un mayor valor del activo. La entidad debe ceñirse a lo establecido en el párrafo 25.2 de la NIIF para las Pymes, en el cual se enuncia:

“Reconocimiento

25.2 Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos”.

Cordialmente,

JOHN ALEXANDER ÁLVAREZ DÁVILA

Consejero CTCP

Concepto 0340

maria.pilar — Wed, 15 Jan 2025 15:57:34 +0000

Concepto 0340

Tipo de norma

maria.pilar Mié, 15/01/2025 - 10:57

Número

0340

Entidad emisora